La Fiscalía pide 76 años de cárcel para Correa y 40 para "El Albondiguilla" por la trama de Boadilla

• Se acusa en esta pieza a 27 personas y al PP como partícipe a título lucrativo
• La red habría pagado a políticos del PP a cambio de interceder en adjudicaciones

El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en una imagen de archivo.

La Fiscalía pide 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; 40 años y 9 meses para el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, "El Albondiguilla", y otros 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en esa localidad madrileña.

El Ministerio Público pide en su escrito provisional de acusación que un total de 27 personas y trece personas jurídicas, entre ellas el Partido Popular (PP), se sienten en el banquillo por esta pieza separada del caso Gürtel. En concreto, considera a la formación política partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

Además, la Fiscalía solicita que el 'número dos' de la red, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.

La red habría pagado a políticos en forma de regalos o dinero

Según el escrito, la red mafiosa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, unos pagos que en el caso de José Galeote ascendieron a 557.609 euros, en el de González Panero a 1.800.000 euros y en el de Bosch a 941.652 euros.

De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once años para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Francisco Correa, según el escrito, percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.

Se acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Una red que habría dirigido la contratación pública

La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones.

Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote, exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) en 2003.

Cuentas abiertas en bancos suizos

Una parte de las comisiones percibidas por Martín Morales, González Panero y Crespo se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

La cuenta que habría utilizado Crespo, a nombre de Mall Business, se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1,557.227 euros a junio de 2012.

Por su parte, el fiscal destaca que una de las cuentas empleadas por González Panero, a nombre de la entidad 'Longridge International', fue bloqueada por las autoridades suizas con un saldo de 120.379,73 euros a fecha de 31 de diciembre de 2015.

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a UFC y a la EMSV de un mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría; y otra pérdida de 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría destinado al PP y a Alfonso Bosch.