La defensa de la infanta sostiene que, como socia de Aizoon, se limitó a "rubricar sin pedir explicaciones"

• La infanta "siempre ignoró qué gastos eran atribuidos a Aizoon", asegura
• Descarga en Urdangarin la responsabilidad como administrador de la empresa
• El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia tras los informes finales

Visto para sentencia el juicio por el caso Nóos

La defensa de la infanta Cristina, ha sostenido ante el tribunal del caso Nóos, que su patrocinada, como socia de la mercantil Aizoon, "se limitaba a rubricar muy ocasionalmente aquello que se le solicitaba sin pedir explicaciones", desvinculándola de la gestión diaria de la empresa que comparte al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, en la presentación de su informe final tras la cual el juicio oral ha concluido y ha quedado visto para sentencia.

El letrado Pau Molins, uno de los que ejerce la defensa de la infanta, ha descargado en el exduque de Palma la responsabilidad sobre la empresa que ambos compartían. "Desde su constitución, el administrador de Aizoon, el único, fue Urdangarin que ejercía el dominio absoluto y exclusivo de la compañía", ha señalado Molins, que también ha calificado como "plena" la confianza entre los cónyuges, lo que según él explicaría que no se celebraran juntas.

El papel de Urdangarin fue de tal relevancia en la empresa que ambos constituyeron, según el letrado, que la infanta "siempre ignoró qué gastos eran atribuidos a Aizoon y si dicho tratamiento era el correcto", ha señalado en línea con la declaración ante el tribunal como acusada de la exduquesa de Palma que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por parte del sindicato Manos Limpias como presunta cooperadora en dos delitos fiscales que habría cometido su esposo.

Molins, que ha tomado la palabra pasadas las 11:15 horas, ha subrayado que durante el juicio del caso Nóos, que finaliza este miércoles, ha quedado acreditada "de forma arrolladora" la tesis exculpatoria de la defensa de la exduquesa de Palma, para quien pide su libre absolución.

Aizoon se constituyó también para la compraventa de inmuebles

El abogado de la infanta ha iniciado su intervención aseverando que, después de que la letrada que representa al "autodenominado sindicato de funcionarios públicos" Manos Limpias dedicase "una hora y 35 minutos hablando de la infanta" no puede dejar de responder "ni una sola de las graves acusaciones contra Cristina de Borbón".

Aizoon, ha señalado Molins, fue constituida en 2003 por iniciativa de Urdangarin, quien propuso a la infanta que constara como socia, con dos objetos: la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento así como la compraventa de bienes inmuebles.

Molins ha subrayado así que "no es cierto" que la mercantil fuese constituida únicamente para canalizar los ingresos profesionales de Urdangarin, negando que fuese una empresa pantalla sin actividad real. "Urdangarin era el único administrador de hecho y de derecho, tenía el dominio absoluto y exclusivo y dejó completamente al margen su esposa".

Acusación de Manos Limpias para "hacer daño mediáticamente"

Además, ha señalado, como hecho que "llama la atención", que el instructor del caso Nóos, José Castro, rechazara en un primer momento imputar a la infanta Cristina teniendo en cuenta "el cambio radical" posterior en la posición del instructor.

Pau Molins ha respaldado su petición de una sanción para Manos Limpias por "abuso de derecho", en que la acusación y la petición de pena de 8 años de prisión en el caso Nóos para doña Cristina es "absolutamente desproporcionada" y en que se debe "exclusivamente a una voluntad de hacer daño mediáticamente y en la sociedad".

En su informe, el letrado de la infanta Cristina ha pedido que el sindicato Manos Limpias sea condenado en costas por el tribunal por haber mantenido su acusación a pesar de la inexistencia de pruebas de manera totalmente temeraria, con malicia y mala fe procesal, y por intereses egoístas.

La defensa de Grau apela a la "absoluta legalidad" de las contrataciones

Antes ha intervenido la defensa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, que ha apelado a la "absoluta legalidad" de las contrataciones con el Instituto Nóos y, en concreto, en el caso de la adjudicación de los denominados Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad presidida entonces por Iñaki Urdangarin percibió más de tres millones de euros públicos.

Así lo ha puesto de manifiesto en su intervención el abogado Jesús Bonet, que ha reclamado la absolución de su patrocinado, para quien los socialistas del Ayuntamiento de Valencia reclaman once años de cárcel, y ha negado cualquier tipo de ilicitud en relación con los Summit.

En cualquier caso, Bonet ha negado que Grau, quien estaba al frente de una de las entidades que suscribió los convenios con Nóos, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), haya dado "instrucción u orden" dirigidas a beneficiar al Instituto Nóos.

Por su parte, la defensa del asesor fiscal Salvador Trinxet, que ejerce el letrado Jaime Campaner, ha defendido ante el tribunal la legalidad de su actuación al "facilitar o intermediar" en la compra por parte del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, de una estructura empresarial legal en el extranjero para lograr beneficios fiscales.

El letrado ha asegurado que la acusación de Manos Limpias, única parte que imputa a Trinxet, para quien pide 3 años de prisión por presunto blanqueo, no tiene fundamento y que su defendido no tenía ningún motivo para sospechar de la procedencia que los fondos que quería utilizar Torres para comprar empresas en el Reino Unido para hacer negocios internacionales. Además, ha recordado que Trinxet recibió del cuñado de Torres, Miguel Tejeiro, el encargo de adquirir sociedades internacionales para hacer actividades en el extranjero.

Juicio visto para sentencia

Ninguno de los 17 acusados en el caso ha utilizado el derecho a la última palabra tras la presentación de los informes finales. A las 12:59 horas, la presidenta del tribunal ha dado por concluida la vista oral y el juicio ha quedado inmediatamente después visto para sentencia. "Nada que decir", ha dicho, en su caso, la infanta Cristina.

"Cumplimentados todos los trámites legales previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declaro concluso el juicio y visto para sentencia". Así ha puesto fin la magistrada Samantha Romero al juicio que durante más de seis meses ha puesto la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez ha sentado en el banquillo a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina.

Desde que el pasado 11 de enero arrancase el juicio, además de los acusados de la causa han comparecido más de 300 testigos y numerosos peritos cuyo interrogatorio ha ido dirigido a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.

El tribunal que se ha encargado de juzgar el caso Nóos podría dictar sentencia a finales de año, previsiblemente a partir de octubre o noviembre, según estiman partes personadas en el procedimiento judicial. Las magistradas, no obstante, han eludido pronunciarse al respecto.