El juez ve indicios para juzgar a Mas por presunta prevaricación y desobediencia en la consulta del 9N

• También ve indicios contra la exvicepresidenta Ortega y la exconsellera Rigau
• Considera que actuaron "amparados bajo la actuación de voluntarios"
• Mas denuncia la "intencionalidad política" del proceso judicial

El juez propone juzgar a Artur Mas por desobediencia y prevaricación el 9N

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa por la consulta del 9N ve indicios para juzgar al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la exconsellera de Educación, Irene Rigau por presunta prevaricación administrativa y desobediencia, en un auto en el que pone fin a la instrucción de la causa.

El magistrado Joan Manel Abril considera que hay indicios de que los tres encausados podrían haber incurrio en un delito de desobediencia grave, penado por el artículo 410.1 del Código Penal, al existir una providencia del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre de 2014 que determinaba la suspensión de la convocatoria del 9N, así como de los actos de preparación de la misma.

Ante la suspensión de la consulta dictada por el TC que tenía como "destinatario específico" al expresidente catalán, Mas y los consellers estuvieron "amparados bajo la actuación de los voluntarios" pero fueron "necesarios y nucleares para llegar a término el proceso" para llevar a cabo la consulta, según señala el auto.

"Bajo la cobertura formal de voluntarios"

El juez cree que "de modo intencional y consciente" y a pesar de la comunicación al expresidente de la providencia del TC, se negaron "abiertamente" a darle cumplimiento "bajo la cobertura de que la actuación se llevaba a cabo exclusivamente por los voluntarios", en contra de lo que sostienen las defensas que han pedido el archivo de la causa.

El auto recoge como Artur Mas manifestó ante los medios que ante la instrucción del TC el proceso lo llevarían a cabo voluntarios. Sin embargo, el juez ve indicios de que no fue así, y señala la intervención de "contratistas privados contratados por la Generalitat tras el día 4 de noviembre".

Sin esos contratistas privados "el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo", según el magistrado, porque se encargaron del suministro e instalación de los programas informáticos para permitir la votación y el traslado de la instalación de los ordenadores en los puntos de votación, así como la recepción y tratamiento de datos.

En relación con Ortega, el magistrado remarca que llevó a cabo "toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9N en coordinación con el presidente de la Generalitat", además de informar de los resultados desde el Centro de Prensa.

Respecto a Rigau, el TSJC apunta que actuó "de manera coordinada" con los anteriores, ya que, a través de los jefes de los servicios territoriales de Enseñanza, procuró que los directores de instituto cedieran los centros que albergaron las urnas de la consulta soberanista.

Indicios de prevaricación administrativa

Además, el magistrado ve indidios de que Mas, Ortega y Rigau incurrieron en un delito de prevaricación administrativa, penado por el artículo 404 del Código Penal, porque "con consciencia de que no iban a dar cumplimiento" a la orden del TC, los investigados "omitieron el dictado de aquellas resoluciones administrativas necesarias para impedir" la celebración de la consulta.

Según el auto, "se adoptaron resoluciones decisorias y necesarias, algunas en forma verbal" para poder llevar a cabo el 9N como "impulsar y promover la construcción e instalación del software, la cesión de los centros docentes, el traslado de los ordenadores a los puntos de votación y la instauración de un centro internacional de prensa para dar publicidad a los resultados".

Previamente, el magistrado ya había desestimado la petición de sobreseimiento que habían solicitado las defensas de los investigados por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

El juez de la Sala Civil y Penal del TSJC ha acordado trasladarlo a las partes para que soliciten la apertura del juicio y les da un plazo de diez días para que presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa, ha informado este martes el TSJC en un comunicado. Artur Mas declaró como imputado en la causa por la consulta del 9N el pasado 15 de octubre.

Munté denuncia la "intencionalidad política" de este proceso

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha dicho sentir "vergüenza" por el "juicio político" contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por haber organizado la consulta soberanista del 9N de 2014.

Tras la reunión de este martes del Govern,  Mas ha denunciado la "intencionalidad política" de este proceso judicial, por el que, ha dicho, "todos los demócratas deberían ruborizarse".

Para la portavoz del Govern, se trata de "un juicio político desde el primer minuto", acompañado de "movimientos tácticos" para intentar liquidar el proceso soberanista.

Munté ha expresado "toda la solidaridad" del Govern hacia Mas, Ortega, Rigau y el exconseller de la Presidencia Francesc Homs, que también está siendo investigado por su papel en la consulta del 9N.

Además, la consellera ha recordado que el Govern ha exigido el archivo de estas diligencias, al considerar que "se intentó desde las cloacas del Estado que no se pudiesen poner las urnas ese 9N, pero se pusieron y fue todo un éxito". "Sentimos mucha vergüenza, todos los demócratas deberían ruborizarse", ha apostillado.

El gobierno catalán muestra su apoyo a Artur Mas y creen que se trata de un juicio político