El Senado de EE.UU. aprueba la ley para reestructurar la deuda de Puerto Rico

• El proyecto ley, conocido como "Promesa", acaba con meses de negociación
• Establece una junta de control fiscal para supervisar sus problemas financieros
• La deuda de Puerto Rico asciende a más de 70.000 millones de dólares

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, tras una reunión entre Puerto Rico y EE.UU.

El Senado de EEUU ha aprobado este miércoles el proyecto de ley conocido como "Promesa", que pretende ofrecer un camino a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que asciende a más de 70.000 millones de dólares, y establecer una junta de control fiscal para supervisar sus problemas financieros.

Con 68 votos a favor del texto legislativo y 30 en contra en la Cámara Alta, el Congreso da luz verde a la legislación para atajar la crisis de la isla, después de meses de negociación bipartidista y a tiempo antes de que este viernes venza otro de los pagos de su deuda, esta vez por 2.000 millones de dólares.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado "no es perfecto", pero apoya su contenido a falta de otro acuerdo más afín al Gobierno, por lo que en las próximas horas se espera que la ley sea promulgada por el presidente de EEUU, Barack Obama.

"Después de meses de demora republicana y muchas decisiones difíciles, el Congreso por fin aprobó legislación para abordar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico", ha dicho en un comunicado Reynaldo Benítez, portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.

La junta podrá intervenir en las decisiones económicas del país

Benítez ha indicado que, pese que a Reid le preocupan "medidas injustas" respecto al salario mínimo o la falta de protecciones para los jubilados, esta "es la mejor solución a los problemas de la isla ya que le provee de las herramientas que necesita para salir de esta crisis".

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

No obstante, otros senadores demócratas, encabezados por el cubanoestadounidense Robert Menéndez, han calificado la ley como "colonialista" e "intervencionista" y se han opuesto de manera frontal al texto.