Bruselas concluye que la investigación de España no fue independiente y no abordó "elementos clave"

• La Agencia Ferroviaria Europea entrega el informe [.pdf] encargado por la CE
• Reprocha que solo se centrara en el exceso de velocidad como causa directa
• Critica que no se abordaran aspectos como el diseño de la línea o el tren
• Las víctimas y el BNG piden la dimisión de la ministra de Fomento, Ana Pastor
• La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios defiende su trabajo

Familiares de las víctimas del tren de Santiago en el primer aniversario del accidente

El informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) sobre el accidente del tren Alvia que descarriló en Angrois hace tres años concluye que la investigación que realizó España no fue independiente y no analizó "elementos clave" como la propia infraestructura o el tren, centrándose únicamente en el error humano del maquinista y dejando "preguntas esenciales" sin responder sobre las causas principales del peor siniestro ferroviario del país. Por ello, pide que se realice una nueva investigación.

La Agencia Ferroviaria Europa critica así la investigación que realizó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento, que en junio de 2014 concluyó que el accidente se debió a un exceso de velocidad provocado por el despiste del maquinista al responder a una llamada de teléfono del interventor del tren.

El informe [.pdf] de la ERA, encargado por la Comisión Europea y que Bruselas ha entregado este jueves a las víctimas en una reunión en la que también estaba el BNG, considera que el siniestro, en el que murieron 80 personas y otras 152 resultaron heridas el 24 de julio de 2013, "aún no se ha investigado de forma independiente como requiere la directiva de seguridad ferroviaria".

En este sentido, la ERA cree que se debería abrir una nueva investigación que cumpla los "requisitos de independencia" y aborde las "debilidades identificadas" en la realizada por la CIAF.

Esta recomendación incide en la misma dirección que la justicia. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó el pasado mes de mayo reabrir la investigación judicial sobre el accidente de Santiago de Compostela para aclarar si hubo deficiencias en la seguridad de la vía. El juzgado de instrucción había cerrado las pesquisas con el maquinista como único imputado.

La agencia europea habla de "preguntas sin respuesta"

El informe, difundido por la Asociación de Víctimas Alvia 04155, sostiene que "la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios "no garantizó la independencia de la investigación".

En este sentido, señala que hay "preguntas sin respuesta" sobre la presencia de Renfe, Adif e Ineco. "El requerimiento de que la CIAF sea independiente de cualquier administrador de infraestructuras, empresa ferroviaria y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el trabajo en encargado al equipo investigador no estuvo asegurado", recoge el documento.

La Agencia Ferroviaria Europea censura también que la investigación realizada por el órgano adscrito al Ministerio de Fomento se concentre en la causa directa -un error humano- y no responda a "preguntas esenciales sobre las causas principales" del accidente.

"Elementos clave" sin analizar en la investigación

De esta forma, señala el informe de 15 páginas, "otras causas fundamentales y subyacentes" del descarrilamiento no se abordaron por parte de la CIAF.

La ERA añade que hay "elementos clave" que no se han analizado de una forma crítica y que por lo tanto no se incluyeron en las conclusiones. La agencia europea cita como ejemplos el propio diseño de la infraestructura, el tren, las evaluaciones de riesgos y sus impactos, etc.

Por todo ello, el organismo europeo señala que la investigación "no cumple los requisitos de independencia establecidos en la directiva de seguridad ferroviaria (artículo 21) y, por tanto, la obligación de investigar los accidentes (artículo 19) no se ha cumplido adecuadamente.

Faltan datos sobre seguridad de Renfe, Adif y la DGF

Sobre Renfe, el informe lamenta, según recoge Europa Press, que no se informe sobre los criterios en los que se basa el equipo de alta dirección para operar a alta velocidad a pesar de haber un "riesgo claro" de que hubiese consecuencias por un error humano sin medios técnicos que lo impidiesen como el sistema de seguridad ERTMS.

En lo tocante a las responsabilidades de ADIF, echa en falta profundidad en el análisis de medios que puedan paliar las posibles consecuencias de un descarrilamiento provocado por un error humano.

También ve insuficiente la información aportada acerca de la autorización de la línea, incluidas sus modificaciones, su trazado, radio de las curvas y velocidades, las evaluaciones de riesgo, así como revisiones de seguridad, entre otras.

Sobre la Dirección General de Ferrocarriles (DGF), dependiente de Fomento, censura que falta una análisis sobre los criterios en los que se basó para autorizar a ADIF poner en servicio la línea sin los medios que mitigasen un error humano.

No está el aviso del jefe de maquinistas de la provincia de Ourense

En uno de los epígrafes, continúa Europa Press, se pone el foco sobre que en la investigación no se incluye el documento que elaboró en 2011 el jefe de maquinistas de la provincia de Ourense en el que alertaba del brusco descenso de velocidad que había que realizar en la curva de Angrois.

"No hay descripción de cómo el peligro informado fue tomado en cuenta por aquellos que tenían la responsabilidad de gestionar y garantizar la seguridad en todos los niveles de la organización, incluido el equipo de alta dirección", avisa.

El dictamen de la ERA se produce poco más de un mes después de que la Comisión Europea (CE) cerrara el expediente que abrió a España tras el accidente del Alvia por la independencia de la CIAF, al considerar que ya se cumplían los requisitos que estipula la legislación comunitaria.

La propia CE dijo antes de que el informe saliera a la luz (apoyó que no se hiciera público) que las conclusiones de la Agencia Ferroviaria Europea no estaban vinculadas al accidente en sí mismo y que su propósito era "alimentar un procedimiento de infracción anterior al accidente", según el portavoz comunitario de Transporte, Jakub Adamowicz.

Tras conocerse el informe, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que el nombramiento de los participantes en la investigación del siniestro de Santiago de Compostela se realizó "cumpliendo" con la ley y en el que destaca que los componentes tenían "completa independencia" y eran profesionales "de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional".

La CIAF también señala que su informe sobre el descarrilamiento del Alvia fue remitido a la ERA en julio de 2014 "no habiendo objeción alguna al mismo por parte de esta agencia" hasta este jueves.

Las víctimas piden la dimisión de la ministra de Fomento

Tras conocer el veredicto de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación de víctimas, Jesús Domínguez, ha pedido, en declaraciones a Efe, la dimisión de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, porque "hay claramente un incumplimiento de la directiva de seguridad europea" en la investigación del accidente.

Además, el líder de la asociación ha criticado a Pastor por "haber mentido a los familiares" de las víctimas del accidente durante una reunión. Domínguez ha declarado que el informe es "demoledor" y que "tira por tierra todo lo que ha dicho el Ministerio de Fomento".

La eurodiputada del BNG, Ana María Miranda (i), el presidente de la Asociación de Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez, y la vocal, Teresa González. Jaime Ojeda

"Hemos tenido que venir hasta Europa porque España nos ha negado la verdad, la justicia y la transparencia", ha lamentado a Efe la vocal de la asociación Teresa Gómez, quien también ha instado a Ana Pastor a dimitir. Gómez ha criticado que Renfe y Adif "actuaron como juez y parte" en la investigación del accidente.

Por otro lado, la eurodiputada y portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en Europa, Ana María Miranda, expuso a Efe que el informe "cuestiona la investigación errónea que ha hecho la CIAF" y que, tras este veredicto, "hay responsabilidades políticas" que deben ser depuradas.