Un juez investiga a la cúpula de Ineco por irregularidades en el ERE

• Ocultó a los 380 trabajadores despedidos la bolsa de empleo
• Contrató a 500 personas y solo 24 fueron afectados por el ERE

Logo de la empresa Ineco.

Un juez ha admitido a trámite una querella contra el presidente de Ineco, Jesús Silva, su predecesor en el cargo y actual presidente de Renfe, Pablo Vázquez, y otros 43 directivos y miembros del antiguo comité de empresa, por un posible delito de vulneración de los derechos de los trabajadores.

La querella, admitida a trámite el pasado 13 de mayo por el juzgado de instrucción número tres de Madrid, acusa a la dirección y a los sindicatos de ocultar deliberadamente a los trabajadores la existencia de una bolsa de empleo establecida tras el expediente de regulación de empleo (ERE) abierto en enero de 2013, que supuso el despido de más de 380 personas.

Entre los querellados que serán llamados a declarar figuran también la actual vicepresidenta de Renfe y exvicepresidenta de Ineco, Berta Barrero, y el director de Recursos Humanos de la empresa de ingeniería, Jorge San José.

Derecho preferente de recolocación

Entre las condiciones de dicho ERE figuraba la obligación por parte de Ineco de ofrecer a los trabajadores despedidos, que debían tener derecho preferente de recolocación, cualquier vacante que se produjera.

La querella recoge que durante los tres años de vigencia del ERE, entre enero de 2013 y enero de 2016, Ineco contrató a más de 500 personas -aunque en esta cifra se incluyen las contrataciones hasta mayo de este año-, de las cuales únicamente 24 eran afectados por los despidos.

Por eso, los siete exempleados de Ineco que firman la querella acusan tanto a la dirección como al comité de empresa que firmó el acuerdo de ocultar deliberadamente la existencia y las condiciones de la bolsa de empleo, y de dedicar recursos a la contratación de empresas de trabajo temporal y de selección de personal -Personal 7, Catenon, y Comunidad Laboral Iberica-.

ETTs, portales de empleo y otros gastos

Entre las tres ETTs habrían firmado contratos con Ineco por un importe cercano a los ocho millones de euros (7.750.000) entre los años 2014 y 2016.

Simultáneamente, Ineco efectuaba búsquedas de empleo a través de páginas como Infojobs o Linkedin, donde de manera anónima, sin desvelar qué empresa buscaba trabajadores, publicó entre enero de 2014 y enero de 2016 cerca de 500 ofertas de trabajo, una labor por la que la empresa de ingeniería ha desembolsado cerca de 70.000 euros anuales.

Asimismo, los demandantes mencionan otros gastos en los que habría incurrido Ineco mientras estaba vigente el ERE, como la contratación de cursos de inglés por valor de 600.000 euros, contratos con la compañía de viajes de El Corte Inglés por cinco millones, o un contrato con KPMG por un millón de euros.

Durante todo ese tiempo, a los trabajadores les fue hurtado el conocimiento de la bolsa de trabajo, ya que la comisión de seguimiento del ERE, que debía reunirse al menos una vez al mes, no se reunió desde el 8 de julio de 2013 hasta el 22 de enero de 2015, un total de 18 meses.