El Gobierno se compromete con Bruselas a cerrar los presupuestos de 2016 en julio

• El Gobierno en funciones busca evitar la multa por el incumplimiento del déficit
• Se adelanta el cierre como estrategia fiscal para controlar el gasto público
• Esta medida implica que no se podrá incurrir en gastos extraordinarios

El ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos, junto al ministro eslovaco de Finanzas, Peter Kazimir, en el Ecofin celebrado en Bruselas este 12 de julio.

El Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, cuando lo habitual es que se postergue hasta final de año. Esta medida implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.

Así consta en el documento de alegaciones enviado a Bruselas para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit, en el que se asegura que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas este martes por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Con ellas, España se compromete a situar el déficit público por debajo del 3% el próximo año.

Dichas medidas incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades, con una recaudación adicional estimada de 6.000 millones de euros, además de nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones. A ello se suman otros 1.500 millones que el Gobierno espera ahorrarse en el pago de los intereses de la deuda pública.

El Gobierno dice que la multa sería "contraproducente"

El Gobierno en funciones alega en este documento que "existen razones de peso" para no multar a España por la desviación de los objetivos de 2015 -con un déficit del 5,1% en lugar del 4,2% reclamado-. La multa, en opinión del Ejecutivo, sería "contraproducente" e "incoherente" porque sería dar un paso en la "dirección contraria" a lo que Europa necesita.

"En un momento de creciente incertidumbre y riesgos, tanto para la economía mundial como para los mercados financieros europeos, proteger la credibilidad del marco de gobernanza de la Unión Europea y de la zona euro resulta crucial en la formulación de la política económica", alega España.

"España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona del euro", dice el texto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también ve "paradójico" una sanción en base a la desviación de un solo año a un país que ha estado siempre plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria.

El documento incide en la "ambiciosa estrategia" de consolidación fiscal y reformas estructurales acometidas en España, que han permitido una "notable corrección de los desequilibrios macroeconómicos" a pesar de haber sido uno de los países europeos más afectados por la crisis, que provocó una contracción del PIB del 9% y la destrucción de 3,5 millones de empleos. Igualmente, se destaca el esfuerzo fiscal de bajar el déficit desde el 9,6% del PIB en 2011 al 5 % en 2015.

España cuestiona el método de evaluación

España también cuestiona en sus alegaciones las "inconsistencias metodológicas" a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España -que atribuye un crecimiento cero en 2015 a España-. "La revisión actualmente en curso de la metodología no hace sino reforzar aún más la necesidad de un enfoque prudente", sostiene.

Además, hace hincapié en que la "inflación negativa" ha hecho más difícil el ajuste fiscal y cifra en 7 décimas del PIB el efecto de esta circunstancia sobre el déficit de 2015, una situación que asegura que ha sido tenida en cuenta en la evaluación de la acción efectiva de otros países. "La importancia de inflación negativa no puede subestimarse en el caso de España y la igualdad de trato debe prevalecer", reclama.

"No dar la debida consideración a la inflación negativa equivaldría a penalizar a los países más comprometidos con las reformas estructurales exigidas por el marco de la gobernanza de la UE", dice el texto, que añade que el esfuerzo fiscal estructural realizado en el periodo 2012-2015 sube de 4,1 a 5 puntos porcentuales del PIB si se tiene en cuenta la inflación.

Al respecto, insiste en que la desviación del objetivo de déficit en 2015 se explica en parte por el efecto de la inflación y no solo por la reforma fiscal, de la que asegura que es esencial para aumentar el crecimiento potencial, a pesar de su impacto negativo sobre la recaudación a corto plazo.