La Fiscalía pide al Supremo que abra causa a Rita Barberá por supuesto blanqueo

• Lo hace en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa
• Investiga las supuestas falsas donaciones de 1.000 euros para blanquear dinero

La senadora del PP, Rita Barberá

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor. El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió al TS la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril.

En esta pieza separada, con 47 personas investigadas (imputadas) más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

"Incoherente" no elevar exposición al TS

El magistrado consideraba en su exposición que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.

El juez, no obstante, señalaba que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

El instructor detallaba en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Apuntaba que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Silencio de García Fuster

El instructor, que declaró la causa "compleja", precisaba que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero consideraba "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque negaba que se lo reintegraran. Sus explicaciones resultan, en opinión del juez de Valencia "insuficientes" para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.