El TC suspende la hoja de ruta independentista del Parlament y pide explicaciones a Forcadell

• Avisa a la presidenta del Parlament y a Puigdemont de su responsabilidad penal
• Da 20 días a Forcadell y a la Mesa para que den cuenta de sus actuaciones
• Se da así el primer paso para adoptar las medidas penales que pide el Gobierno

El Tribunal Constitucional suspende la hoja de ruta independentista del Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este lunes por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluñaen la que marca su hoja de ruta hacia la "desconexión" con el Estado y la independencia y ha dado 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, para que explique su actuación antes de una posible actuación contra ella.

El Pleno ha decidido por unanimidad admitir a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno central, lo que supone la suspensión inmediata de la resolución por un plazo de cinco meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.

También ha advertido personalmente a Carme Forcadell y Carles Puigdemont, junto al resto de los miembros de la Mesa y del Gobierno catalán, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión.

Asimismo, da veinte días a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento para que informen de su actuación sobre la sentencia del 2 de diciembre y sobre el auto del pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción de las medidas previstas" en el artículo 92 de la ley que regula el funcionamiento del Constitucional.

No supone aún adopción de medidas penales

Ese artículo es el que permite tomar medidas coercitivas como la multa o la suspensión de las funciones e incluso abrir la vía penal, medida que solicitó el Ejecutivo contra Carme Forcadell.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión, adoptada tras hora y media de debate, no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.

El Pleno del TC acuerda notificar personalmente a Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión. Así,  les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Un plazo de 20 días para formular alegaciones

Según informa el TC, en su pronunciamiento el Pleno admite el incidente y da traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña de la petición de nulidad hecha por la Abogacía del Estado respecto a la resolución del Parlamento de Cataluña.

Además acuerda dar a ambas partes un plazo de 20 días para que, de acuerdo con el artículo 92.1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), formulen las alegaciones que estimen convenientes.

Explica que suspender la vigencia y aplicación de la resolución del Parlamento de Cataluña es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Este precepto establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas" y añade que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El Gobierno solicitó responsabilidad penal para Forcadell

El Gobierno solicitó responsabilidad penal para Forcadell por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones de la comisión constituyente por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo.

El texto que para los responsables de la Generalitat y de Junts pel Sí no es más que un texto de "carácter político", sin efectos jurídicos, que obedece "el mandato democrático" de las elecciones catalanas del 27 de septiembre pasado, el Ejecutivo lo interpreta como un desacato al TC y también como un "verdadero plan para conseguir la secesión de España".

Entre otras cuestiones, dichas conclusiones avalaban las llamadas leyes de "desconexión" y contemplaban un "mecanismo unilateral de ejercicio democrático", lo que, en otras palabras, alude a un posible "referendo unilateral de independencia" en Cataluña.