El Govern llama al TC a no actuar como "tribunal ejecutor" contra "debates de carácter político"
- Munté señala que no puede "entrar a dirimir" sobre "debates parlamentarios"
- Puigdemont y los consellers han recibido la notificación del Constitucional
La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este martes, que la función del Tribunal Constitucional (TC) es actuar como "árbitro" para "dirimir la constitucionalidad de las leyes", pero no como "tribunal ejecutor" capaz de tumbar "opiniones o debates que tienen un carácter político", un día después de que el TC acordara por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña que marca su hoja de ruta hacia la independencia
Este mediodía, al término de la reunión semanal del Govern, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han entregado personalmente a los miembros del ejecutivo catalán la resolución del TC por la que suspende las conclusiones del proceso constituyente aprobadas el 27 de julio por la cámara catalana y que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
Para Munté, es "absolutamente legítimo" que el TC dictamine sobre si las leyes se ajustan o no a la Constitución, pero no puede "entrar a dirimir" sobre la constitucionalidad de "debates parlamentarios, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento de un Parlamento".
Ni el TC es un "órgano ejecutor" ni la Constitución debe ser concebida como un "código penal", ha remarcado la consellera, que ha recordado que la Carta Magna "ampara la libertad de expresión y de opinión", por lo que no debería ser posible anular las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente catalán.
Puigdemont y los consellers reciben la notificación del TC
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern han recibido la notificación del Tribunal Constitucional para que paralicen cualquier iniciativa que ignore la suspensión de la hoja de ruta soberanista, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades penales si no lo hacen.
Este mediodía, al término de la reunión semanal del Govern, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han entregado personalmente a Puigdemont y a los consellers del ejecutivo catalán la resolución acordada por el TC que suspende las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán aprobadas el pasado 27 de julio en el pleno de la cámara catalana.
La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern que representantes del TSJC han acudido al Palau de la Generalitat para notificar la decisión tomada por el Constitucional de suspender las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
Munté ha recordado que los consellers que formaban parte del último gobierno de Artur Mas ya recibieron una notificación similar después de que el TC suspendiera la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre.
El TC les recuerda su deber de cumplir con su resolución
Además de notificar la resolución del Constitucional, la comitiva del TSJC ha indicado a los miembros del ejecutivo su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión del acuerdo de la cámara catalana y les advierten de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, si no lo hacen.
El pleno del Tribunal Constitucional acordó este lunes por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña que marca su hoja de ruta hacia la independencia y decidió avisar directamente a Puigdemont, a los consellers de la Generalitat y a los miembros de la Mesa de la cámara catalana sobre su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la suspensión.
Tras notificar la resolución del Constitucional, la comitiva judicial de la secretaría de gobierno del TSJC ha entregado a los miembros del ejecutivo catalán un documento para que lo firmaran, en el que certifican que les han comunicado personalmente la resolución.
Según fuentes de la Mesa del Parlament, sus miembros aún no han empezado a recibir las notificaciones.