Fumar, acampar o pescar sin permiso en la playa puede conllevar sanciones económicas
- La cantidad de la sanción depende del bando municipal o el organismo competente
- En algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña, hay “lagunas legales”
Bañarse con bandera roja en Gran Canaria puede costar una sanción de 1.500 euros, fumar en la playa hasta 450 euros de multa, no controlar al perro en Ibiza hasta 3.000 euros y pescar sin autorización en Valencia supone una sanción de hasta 90.000 euros. No obstante, sin una ley estatal que lo regule todo, la cantidad de la sanción depende de cómo lo considere el bando municipal o el organismo competente.
A pesar de que existe una Ley de Costas en toda España, es cierto que en algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña, hay “lagunas legales” que les incita a imponer sus propias legislaciones, según ha explicado a Efe el letrado especializado en esta legislación, Antonio Reina.
“El exceso de normativas reguladoras conducen a un constante choque competencial”, apunta Reina, “es absurdo que las playas de un municipio dispongan de una norma y en las de al lado se aplique otra totalmente distinta”.
En este sentido, la Ley de Costas “no permite la exclusividad y determina que la playa es libre y gratuita”, por lo que “destinar áreas específicas para animales, así como para nudistas, militares, homosexuales o cualquier otro colectivo supone una privatización parcial que incumple esa norma”.
Los animales pueden afectar a la calidad de las playas
Existen diversas playas exclusivas para ir con mascotas, explican, playas como Bocabarranco (Las Palmas), Figueretas (Ibiza), El Rinconín (Asturias), Llevant (Barcelona) etc.
Sin embargo, apuntan que la presencia de estos animales puede afectar a la calidad de estos lugares, aunque “se porte bien”, como el caso de Pinedo, en Valencia, en la que se permitió la entrada de canes y eso le ha supuesto perder su bandera azul, explican los expertos.
“La combinación de orines de perros con temperaturas elevadas provoca la aparición de pulgas”, ha señalado Antonio Alcedo, presidente de la Asociación Profesional de Playas y Medio Ambiente (Apyma).
La mayoría de estos lugares exige llevar al perro atado, portar su documentación, recoger los excrementos y responsabilizarse de los desperfectos.
Algunas comunidades tratan de conseguir "playas sin humo"
En cuanto al tabaco, no está prohibido fumar al aire libre aunque en algunos municipios de Galicia, Levante o Canarias se está luchando por una “playa sin humo” como existe en Morgán, Las Palmas, donde fumar puede suponer una multa de hasta 450 euros. La retirada de las colillas es una tarea complicada, sobre todo en las costas gaditanas, ya que tiene que realizarse manualmente por los trabajadores.
La acampada, señalan que no está permitida, igual que estacionar caravanas en la vía pública. En San Javier (Murcia) por ejemplo, la multa por dejar el vehículo estacionado más de tres días en el mismo sitio puede ser de hasta 1.500 euros.
“Nada impide a una persona bañarse desnuda si quiere, siempre que no incurra a prácticas que conlleven una alteración del orden público como el exhibicionismo, el sexo o el morbo”, opina Alcedo, por lo que los nudistas no deberían esconderse.
Ocupar la 1ª línea de playa es ilegal, aunque existen excepciones
Ocupar la primera línea de playa también es ilegal. Tal y como indican, nada impide ir a primera hora, pero no se puede reservar el sitio sino que el bañista debe permanecer junto a sus pertenencias.
Es por esto que algunos ayuntamientos como en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canarias, multan este comportamiento con hasta 750 euros por dejar la sombrilla para reservar el sitio.
Sin embargo, existen excepciones como en Águilas, Murcia, o San Sebastián donde sí está permitido guardar el sitio e incluso forma parte de la historia del lugar como en el caso de San Sebastián donde algunos utilizan las antiguas casetas de madera y cuyo uso se remonta al siglo XIX, donde eran utilizadas por las mujeres para cambiarse de ropa.
“Las playas no tienen dueño, no se paga por acudir y no se puede privatizar bajo ningún concepto, ya que son de todos los españoles” concluye Alcedo.