España suma ya 27 arbitrajes internacionales ante el Ciadi por los recortes a las renovables

• Es el país que más demandas acumula en su contra por su política energética
• Solo ha sido resuelto un proceso, en el cual los jueces dieron la razón a España

Un panel fotovoltaico.

España ha sumado una nueva demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables, con la que ya suma 27.

Según datos de la página web del Ciadi, las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish project companies registraron el pasado 12 de agosto la última de las denuncias contra España en el ámbito de la generación eléctrica renovable.

Este procedimiento se inicia tras los presentados a finales de junio por una firma israelí y otra británica. La primera, conocida como Sun Flower, registró su denuncia el 28 de junio, mientras que la segunda, Infracapital, lo hizo un día después. La primera cuenta con tres plantas fotovoltaicas en España, que suman 13 megavatios (MW) de potencia, y la segunda con cuatro.

España ratifica así la primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.

De igual forma, España acumula casi una tercera parte de todos los procesos promovidos por inversores en instalaciones de energías limpias ante el organismo de arbitraje internacional, según datos de Energy Charter Treaty, que recoge Europa Press.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

Por el momento, solo ha quedado resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.