Rousseff reclama celebrar nuevas elecciones poco antes de la votación final sobre su destitución
- La todavía presidenta de Brasil reclama una reforma política en el país
- Argumenta que hay que superar el "desgaste" causado por el juicio político
A pocos días de la votación final en el Senado que puede apartarle definitivamente de la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff ha reclamado consultar a los brasileños y celebrar unas nuevas elecciones para impulsar una reforma política que supere el "desgaste" que, argumenta, ha supuesto el juicio político contra ella.
"No es posible tapar el sol con un dedo" y no percibir que "hubo un desgaste constitucional" provocado por el "juicio sin crimen" al que está sometida, ha remarcado ante los corresponsales extranjeros la todavía presidenta, que está suspendida de sus funciones mientras el Parlamento juzga las acusaciones de irregularidades en el manejo de los presupuestos y otras violaciones de las leyes que regulan el uso del dinero público.
Rousseff ha argumentado "es un hecho" que el "nivel de estrés y desgaste" causado por el juicio político impone un nuevo "pacto democrático basado en el voto popular" y que, según la mandataria, obliga a anticipar las elecciones previstas para 2018, aunque "respetando" el mandato que recibió en las urnas y reconociendo su "inocencia".
La propuesta de convocar un plebiscito para que la sociedad decida sobre unas nuevas elecciones está incluida en una Carta a los Brasileños que presentó esta semana, a punto de entrar en la fase final del juicio político que comenzará el próximo 25 de agosto.
Reducir el número de partidos
Este jueves, la presidenta ha insistido en que, si se "consuma" su destitución, el país estará frente a una "ruptura democrática", por lo que ha recalcado que es necesario consultar a los brasileños sobre su futuro y la posibilidad de adelantar las elecciones.
No obstante, ha aclarado que, como presidenta elegida en las urnas, ella debería estar al frente de ese proceso, que tendría que incluir además una reforma política, que tenga entre sus objetivos limitar el número de partidos políticos, que hoy supera la treintena.
“No es posible negociar con treinta partidos“
"No importa la competencia que tenga o no" un gobernante, porque "no es posible negociar con treinta partidos" para que sea aprobada una ley en el Congreso, ha comentado Rousseff, quien ha insistido en que "es necesario reformar este sistema político".
De forma indirecta, ha atribuido a esa proliferación de partidos la pérdida de su base política, que contribuyó a la apertura del juicio de destitución en su contra.
Aliados que se desplazaron a la derecha
Así, en su opinión, el proceso nació en parte porque sectores del "centro progresista" que la habían apoyado se desplazaron "hacia la derecha" y promovieron el juicio "para imponer un programa de Gobierno que jamás sería aprobado" en las urnas y tiene como meta "desmantelar" las mejoras sociales registradas durante su gestión.
Rousseff está suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se abrió el proceso, y desde ese mismo día la sustituye el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, quien en caso de su destitución completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
El proceso contra la gobernante entrará en su etapa definitiva a partir del 25 de agosto próximo, cuando el pleno del Senado iniciará una serie de audiencias que concluirán con la votación final sobre su responsabilidad en los asuntos que fundamentan las acusaciones.
Según calcula el Tribunal Supremo, garante constitucional y corresponsable del proceso, ese trámite puede durar unos cinco días, al cabo de los cuales Rousseff será despojada del cargo si así lo decidiera una mayoría cualificada de 54 votos, que representan dos tercios del Senado.