El exgerente de Imelsa implica a Francisco Camps y a varios exconsellers en el cobro de comisiones

• Benavent señala a Camps como conocedor de la presunta recaudación ilegal
• Apunta al presidente del PP en Valencia como conocedor de las comisiones
• Camps dice no saber nada de "cajas B" en el PP de la Comunidad Valenciana
• La UCO constata luchas internas en el PP valenciano por repartirse comisiones

El exgerente de Imelsa implica a Francisco Camps y a varios exconsellers en el cobro de comisiones

Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia, implica en sus declaraciones ante el juez al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, a los exvicepresidentes del Consell Víctor Campos y Gerardo Camps y al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus en el cobro y reparto de presuntas comisiones ilegales que provenía de la adjudicación de colegios, según se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas a Benavent y que obran en la pieza principal del caso Imelsa.

El exgerente de la empresa pública señala además al exconseller de Educación Alejandro Font de Mora como una de las personas que presionaba para adjudicar obras de centros educativos, según la pieza sobre la que el Juzgado de Instrucción número 18 ha levantado el secreto de sumario,

Estas acusaciones, según han informado a Efe fuentes conocedoras de la investigación, estarían fundadas en comentarios que otros investigados en el caso, como Máximo Caturla, le habrían realizado a Benavent, y no en un conocimiento directo de los hechos.

Benavent señala a Francisco Camps

En el relato del supuesto cobro de comisiones ilegales que Benavent confiesa, y que consta en el sumario, también menciona al expresident Francisco Camps como conocedor de la recaudación ilegal que varios altos cargos de su Ejecutivo y del partido que él mismo presidía estaban realizando. En una ocasión llega a explicar que hay "intereses cruzados" en relación a las adjudicaciones de colegios de la Comunitat y a las comisiones ilegales obtenidas como contraprestación, y señala que "tras toda adjudicación había una comisión".

Así mismo, en otra conversación se refiere a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (el Tribunal Supremo acaba de abrir una causa penal contra ella por presunto delito de blanqueo de capitales en otra pieza de Imelsa), sobre la que dice que presionó para que se le diera una subvención de cerca de 100.000 euros anuales a un hijo de su escolta a través de un convenio relacionado con las motos.

En una declaración prestada ante la Guardia Civi en junio de 2015, Marcos Benavent aseguró que actuaba como un "recaudador" con empresarios a quienes pedía dinero una vez se decidían las adjudicaciones por las administraciones competentes.

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent declaró haber entregado dinero procedente del cobro de comisiones ilegales a destacados dirigentes del PP valenciano y cargos públicos de varias administraciones, en parte para financiar al PP provincial. Entre otros, afirma haber entregado dinero el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, su ex jefe de Gabinete, Emilio Llopis, el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla, el exvicepresidente de la corporación Juan José Medina y la ex edil de Valencia María José Alcón.

Apunta a Betoret como conocedor del cobro de comisiones ilegales

En el caso de Vicente Betoret, actual presidente del PP de la provincia de Valencia, Benavent afirmó que era conocedor del cobro de las comisiones ilegales y tenía conocimiento "sin duda" de las entregas y de su origen, si bien, en declaración ante el juez indicó que nunca le había entregado dinero y no recordaba si Rus le entregó algún sobre.

También acusó al entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos -condenado en la conocida como "causa de los trajes"-, de ser la persona que "gestionaba las grandes adjudicaciones y el dinero de la financiación ilegal del partido". Según el autodenominado "yonqui del dinero", eran Rus y el entonces consejero delegado de la empresa pública Ciegsa, Máximo Caturla, quienes le indicaban con qué empresarios tenía que hablar y qué porcentaje -sobre el precio de adjudicación de contratos- debía solicitar.

Entre otros asuntos, Benavent reconoce haber cobrado una comisión de 20.000 euros a Carlos Turró, responsable de la constructora Cleop, por la adjudicación de un contrato de limpieza de las Torres de Quart, dinero que entregó a la entonces concejala de Cultura de Valencia, María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.

La UCO constata luchas internas en el PP valenciano por repartirse comisiones

Además, según consta en un informe incluido en el sumario del caso, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el caso Imelsa consideran que la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros escolares (Ciegsa) fue objeto de luchas internas en el seno del PP por hacerse con el reparto de comisiones.

El grupo especializado en delitos contra la administración de la Guardia Civil señala que hay indicios de la posible existencia de una estrategia de financiación autonómica del PP arraigada en Ciegsa.

Estas conclusiones se extraen básicamente de las conversaciones telefónicas entre el entonces gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent y el consejero delegado de Ciegsa entre 2003 y 2007, Máximo Caturla.

Del análisis de distintas conversaciones "se deduce claramente que Máximo Caturla estaba recaudando para Alfonso Rus -entonces presidente provincial del PP de Valencia- a través del cobro de comisiones ilegales solicitadas a empresarios como contraprestación por contratos adjudicados desde Ciegsa", según el informe de la UCO.

Camps asegura que no tiene constancia de cajas "B ni C ni H"

Preguntado por estas supuestas implicaciones en el caso Imelsa, el expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado que no tiene ninguna constancia de cajas "B ni C ni H" en la contabilidad del PP de la Comunitat Valenciana, mientras él estuvo al frente del partido, ha negado saber nada de "contratos, ni favores, ni cajas b, ni financiación irregular, ni cobros" y ha manifestado su intención de querellarse contra quien le "implique directa o indirectamente", quien le calumnie o le injurie o manche "incluso levemente" su honor.

Sobre esas supuestas implicaciones, Francisco Camps ha dicho en declaraciones a Efe que "jamás" ha tenido ningún contacto con Marcos Benavent ni ha desempeñado ninguna función como "recaudador" del partido, ni ha "llevado dinero a ningún sitio".

También el diputado del PP en Les Corts y exconseller de Educación Alejandro Font de Mora ha negado estas acusaciones, que considera una "calumnia" porque le están "imputando un delito". En los pasillos de Les Corts, Font de Mora ha dicho "estar sorprendido" y ha añadido: "De estos hechos que este señor me atribuye no tengo absolutamente ninguna noticia. En toda mi gestión siempre he procurado llevar una política de honradez y de honestidad a nivel personal e institucional: no he consentido nunca ningún tipo de ilegalidad".

En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo y delito electoral.