La Fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán por el caso de los ERE y diez de inhabilitación para Chaves

• Anticorrupción pide 30 años de inhabilitación para Griñán
• 26 acusados tendrán que hacer frente al pago de 741 millones
• Acusa a todos de prevaricación y a 18 de ellos, de malversación

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán por malversación y diez de inhabilitación para Chaves

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE; 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación; y condenas para un total de 26 acusados que tendrán que hacer frente al pago de 741 millones de euros.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada. Para doce de estos encausados, la Fiscalía pide ocho años de prisión y para el resto seis años de cárcel.

Griñán debe responder, según la Fiscalía, a 484 millones

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.

Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía.

De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre 2009 y 2013, debe responder por los concedidos entre 2005 y 2010, que suman casi 484 millones de euros.

Entre los acusados por Anticorrupción hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

Ausencia de fiscalización de los fondos

Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno".

La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, "lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral" en Andalucía.

Para evitar esa labor fiscalizadora, que "entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", los acusados modificaron los presupuestos de la Junta e introdujeron las transferencias de financiación.

Esta aplicación presupuestaria "permitía de manera consciente que los fondos públicos" para las ayudas sociolaborales "se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa", según la Fiscalía.

Los encausados buscaron no tener límiter en los créditos

Los encausados "buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento", sostiene Anticorrupción.

De esta forma, añade la Fiscalía, se privó "a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso" a las ayudas "por falta de publicidad", y se facilitó "que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran" a ellas.

Tampoco se fijaban "límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc".