Vista para sentencia la macrodemanda de Adicae por las preferentes de Caja Madrid

• La asociación pide la nulidad de los contratos por prácticas abusivas
• Alega que fue una trama organizada desde la alta dirección de Caja Madrid
• La defensa de Bankia lo niega y dice que la información fue "correcta"

El secretario general de Adicae atiende a los medios.

La macrodemanda de Adicae por preferentes de Caja Madrid ha quedado vista para sentencia ante el titular del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Teodoro Ladrón, examinadas todas las pruebas y una vez que las partes han presentado sus conclusiones durante más de cuatro horas.

Se trata de una demanda colectiva presentada en 2013 por esta asociación de consumidores junto a 2.143 pequeños inversores, que solicita la nulidad por abusivas de las condiciones generales que regían la contratación de este producto híbrido.

El letrado que representa a Adicae, Antonio Castro, ha explicado que la comercialización "fue una trama organizada desde la alta dirección de Caja Madrid para colocar las preferentes entre ahorradores finalista, algo que se hizo con trampa".

En su opinión, Caja Madrid llevó a cabo prácticas abusivas en los contratos de comercialización de participaciones preferentes, que conculcan la normativa sectorial, limitan los derechos de los clientes a la información, contenían omisiones y no fueron entregados en fase precontractual.

Francisco Javier García Sanz, abogado de Bankia, heredera legal de Caja Madrid, ha solicitado que se desestime la demanda, ha alegado que la información facilitada fue correcta y exhaustiva, ya que detallaba las condiciones reales del producto y su carácter perpetuo y complejo, y ha negado que hubiera una trama organizada para engañar a los inversores.

Sistema de bonus en función del volumen de comercialización

Según un documento aportado por Bankia a petición de Adicae, al que ha tenido acceso Efe, la entidad estableció un sistema de bonus o incentivos para los directores, subdirectores y gerentes de las sucursales en función de los volúmenes de comercialización de las preferentes. Esto implicaba, según el letrado de Adicae, que lo que se incentivaba era un aumento en la venta de preferentes guiado por la existencia de ese bonus, pero no por el interés del cliente

Asimismo, ha destacado que en muchos casos la entidad no pudo aportar siquiera el consentimiento firmado de puño y letra de los clientes, en unos contratos con letra "más que pequeña, ilegible".

Castro ha señalado además que desde 2009 la prensa especializada había publicado mucha información sobre preferentes, entre otros datos un informe de la agencia de calificación Moody's que aseguraba que las participaciones preferentes tenían una calificación de bono basura con fuertes riesgos de sufrir impagos. Y es precisamente entonces, ha explicado, cuando Caja Madrid las publicita como un producto de inversión seguro y bien remunerado.

Caja Madrid, ha dicho Castro, realizó test de conveniencia pero no test de idoneidad, como hubiera sido lógico, y además las fechas de los test de conveniencia "coinciden con las fechas contractuales", cuando deberían ser anteriores.

Mientras que la defensa de la entidad ha negado que se hubiera diseñado un plan para engañar a los clientes y ha alegado que las preferentes no existen ya, pues fueron canjeadas por acciones de Bankia. Las cláusulas por las que se regían, ha indicado Sanz, eran perfectamente comprensibles, de modo que si efectivamente el cliente las entendió o no y le fueron explicadas de forma suficiente, debería ser investigada caso por caso y no de forma conjunta.

A la espera de la sentencia, fuentes de Bankia han cifrado en más de 165.000 los clientes que han recuperado el dinero que invirtieron en preferentes y deuda subordinada de alguna de las cajas de ahorros hoy integradas en la entidad. La mayor parte de los reintegros, 137.000, han sido efectuados por medio del sistema de arbitraje puesto en marcha en 2013, mientras que las 28.000 devoluciones restantes corresponden a casos que ganaron los consumidores en la vía judicial