El fiscal rechaza parar el juicio de las tarjetas opacas y defiende la validez de las pruebas aportadas

• "Han intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable"
• Según un informe de Bankia, pedían ampliar el límite de gasto continuamente
• El fiscal defiende la divulgación de los correos que demostrarían esta práctica
• Las defensas, por contra, piden que no sean tenidos en cuenta como prueba

El fiscal rechaza parar el juicio de las tarjetas opacas de Caja Madrid

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha rechazado este martes los motivos planteados por las defensas de los 65 acusados por el uso de tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid para intentar parar el juicio que se celebra en su contra, ha defendido la validez de las pruebas aportadas y ha descartado que los delitos hayan prescrito. "Han intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable", ha resumido el representante del Ministerio Público.

En su primera intervención ante el tribunal que juzga a los exconsejeros y altos cargos de la caja madrileña, Luzón ha defendido que se acepte como prueba los correos electrónicos aportados por Bankia el pasado viernes -algo que desconocían muchos de los acusados- y en los que se hace referencia a la gestión de las tarjetas porque son de "una indudable relevancia", pese a que no aportan nada a la investigación. A esto se oponen de forma frontal las defensas, que en la exposición de las cuestiones previas han pedido que no sea tenida en cuenta porque causa indefensión a los acusados.

En opinión del fiscal, la incorporación de estos correos afectaría al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Pero Luzón ha subrayado que estos "no son derechos absolutos, sino que están limitados a la salvaguarda de intereses constitucionales". Los correos analizados, almacenados en el servidor de Caja Madrid, son propiedad de la caja, "y por lo tanto no se ha vulnerado ningún derecho ya que las conversaciones intervenidas no tienen carácter íntimo". Otra cosa, ha añadido, es la supuesta carga incriminatoria que tienen, pero ello "no convierte en íntimo lo que tiene un carácter profesional".

Luzón ha destacado que la investigación llevada a cabo por Bankia estaba justificada "máxime cuando se trataba de una entidad que había recibido una importante inyección de ayudas públicas". "Los españoles hemos pagado no sé si el entierro, pero sí el funeral de Caja Madrid a través del FROB, donde estamos representados todos los ciudadanos (...) Todos los españoles hemos pagado y yo estoy aquí para defender sus intereses", ha dicho el fiscal. Por todo ello, ha asegurado, se hacía indispensable conocer el contenido de esos correos, intercambiados entre departamentos internos de la caja y que contenían información particular de los usuarios.

Continuas peticiones para elevar los umbrales de gasto

El informe aportado por Bankia, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, desvela que las peticiones para elevar los umbrales de gasto mensual eran continuas. Se trata de una serie de correos electrónicos intercambiados entre departamentos internos de control de tarjetas, y al que de forma recurrente se dirigía el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, que era el que gestionaba las solicitudes, y que pedía más capacidad de gasto también para sí mismo.

Cada titular de una de estas tarjetas contaba con un límite de gasto mensual propio que oscilaba entre 3.000 y 8.000 euros, y que en determinadas épocas del año, particularmente en Navidades y durante agosto, les resultaban insuficientes, por lo que pedían elevarlo, lo que siempre ocurría: en todos los casos las peticiones fueron atendidas. Es el caso, por ejemplo, de Miguel Blesa, quien pidió subir hasta 24.000 euros el gasto con su tarjeta durante los meses de abril y mayo de 2006.

Entre los documentos aportados por Bankia figura también la petición, en febrero de 2012, por parte del entonces director general de Operaciones y Procesos de Bankia, para que se emitieran tarjetas Business a nombre del que fuera presidente de la entidad Rodrigo Rato, de su mano derecha y ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, del exconsejero y exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y del consejero delegado, Francisco Verdú -que nunca hizo uso de ella y que declarará en el juicio como testigo-.

La Fiscalía defiende que los delitos no han prescrito

Por otra parte, el Ministerio Público ha aclarado que, frente a la petición de los acusados de que se entiendan como hechos prescritos, el Código Penal determina que tiene que haber superado el plazo de diez años y no de cinco como expusieron este lunes algunos abogados. Además, Luzón ha expuesto que la Fiscalía tiene "perfecta legitimidad" para pedir a las entidades bancarias, en este caso Bankia, los extractos de las tarjetas, por lo que la principal prueba inculpatoria del caso es válida a su entender.

Luzón también ha rechazado la solicitud de las defensas de impugnar la legitimación de Bankia y el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para acusar como particulares en el juicio. En este sentido ha recordado que los gastos en los que incurrió Caja Madrid repercutieron en Bankia, que heredó la cuenta de activos y pasivos de la entidad madrileña.

El fiscal ha recordado que si bien la Fundación Cajamadrid es la heredera de la extinta entidad, Bankia continuó con el negocio bancario, y en tono irónico ha preguntado a la sala cómo es posible que el nuevo banco tuviera que asumir todo un negocio del que no conoce su funcionamiento interno, y en cuyo seno volvió a reproducirse estas conductas, ya bajo la presidencia del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Bankia y el FROB defienden su condición de perjudicados

Los abogados de la acusación que representan al FROB y a Bankia en el juicio contra los usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid han defendido su condición de perjudicados, por la inyección de dinero público y porque la entidad financiera heredó el negocio bancario de la caja.

En este sentido, el abogado del FROB ha defendido su legitimidad para continuar en la causa como acusación particular porque "está perjudicado por hacer frente al costosísimo proceso de saneamiento de BFA-Bankia". El letrado ha señalado que "actúa por mandato legal", y por lo tanto su presencia en la vista en calidad de acusación "no es caprichosa ni ineludible".

El abogado de la acusación que representa a Bankia se ha manifestado en la misma línea. Además, ha recordado que las tarjetas objeto de la investigación se gestionaban de forma paralela al resto de plásticos, en condiciones particulares, bajo la tutela del exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj. Por lo que respecta a la autenticidad del archivo de excel que detallaba los gastos efectuados con estas tarjetas, cuya veracidad han puesto en duda las defensas, ha indicado que se trata de una cuestión que no puede estar bajo sospecha ya que los datos proceden de Bankia.

El letrado de BFA ha compartido también los argumentos expuestos por Ministerio Fiscal, al igual que el representante de la Confederación General de Trabajadores (CGT). Por lo que respecta al abogado de la acusación popular que representa a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, ha defendido la legitimidad de Bankia y del FROB para acusar a los usuarios de las tarjetas.