La Fiscalía pide archivar la causa de los cursos de formacion en Andalucía y descarta una "red clientelar"

• Hay acusados 24 ex altos cargos del PSOE y se descarta una "red clientelar"
• La juez Mercedes Alaya abrió esta causa en 2014 con 16 detenidos
• No se ha acreditado que haya un delito de prevaricación por parte de los cargos

Una pareja de agentes del cuerpo de la Guardia Civil controlan el acceso al Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS), en la Cala de Mijas (Málaga).

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes el archivo de la denominada pieza política del caso de los cursos de formación, en la que hay acusados 24 ex altos cargos del PSOE, y ha descartado que los investigados propiciaran una "red clientelar", como sostuvo la juez que abrió la causa en 2014, Mercedes Alaya.

En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por la concesión de subvenciones públicas para cursos de formación por parte de la intervención de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La petición de la Fiscalía, según han informado a Efe fuentes judiciales, se basa en que tras las investigaciones practicadas, y las distintas declaraciones recibidas a lo largo de la instrucción, no ha quedado acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados.

"Las resoluciones de exoneración o exceptuación, como quiera que se les denomine, dictadas por los consejeros imputados, no son constitutivas de prevaricación", sostiene la Fiscalía antes de señalar que "podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno".

Imputados el exconsejero Antonio Fernández y cuatro exdirectores generales

En esta pieza están imputados el exconsejero Antonio Fernández, dos ex directores generales de Formación, dos ex directores generales de Empleabilidad y Formación Profesional, nueve delegados provinciales de Empleo y diez jefes de servicio.

Dieciséis de estos políticos fueron detenidos por orden de la juez Alaya en marzo de 2015, todos los cuales quedaron en libertad.

Anticorrupción afirma que "la labor de justificación y liquidación por los organismos y delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo encargados de tal labor no puede ser tachada de manera global de negligente. Ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado de tal cuestión".

Por ello, la Fiscalía señala que "el análisis jurídico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos, no puede basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorado en su conjunto".

La Fiscalía recuerda que el archivo solicitado se refiere únicamente a la pieza separada de la causa de los cursos de formación en la que se investigaban las relaciones ente la dirección general de formación y las distintas delegaciones provinciales del SAE sobre las subvenciones concedidas.

Así, Anticorrupción indica que continúan abiertas piezas separadas en las que se investigan las subvenciones concedidas a entramados empresariales y consorcios, como los del exconsejero Ángel Ojeda o el exdirigente socialista Rafael Velasco.