Las radiales R-3 y R-5 de Madrid y una circunvalación de Alicante seguirán abiertas al tráfico

• El juez deja sin efecto el cese de la explotación que decretó previamente
• Fomento se comprometió a asumir la explotación pero solicitó una prórroga
• Las concesionarias continuarán con la explotación de dichas autopistas

La R-3 es una de las nueve autopistas quebradas cuya gestión ha sido asumida por el Estado y que se pretende sacar de nuevo a concurso.

El juez de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dejado sin efecto el cese de la explotación de las autopistas radiales R-3 y R-5 y un tramo de 30 kilómetros de la M-50 en Madrid y la circunvalación a Alicante, así como que el próximo 1 de octubre el Ministerio de Fomento asuma los contratos de concesión.

De este modo, las empresas concesionarias, Accesos de Madrid y Ciralsa, continuarán con la explotación de dichas autopistas. El magistrado ha revocado el cierre al aceptar el compromiso del Ministerio de Fomento de hacerse cargo de las autopistas en un plazo de nueve meses, a partir del 1 de julio de 2017, para que la transición se haga de forma ordenada y no este sábado.

El juez entiende que retrasar el cese de la actividad de estas concesionarias va a generar daños a los acreedores, especialmente a los bancos que financiaron las obras, y daños en las garantías que tienen los bancos, en mayor grado la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Reconoce además que siguen siendo los bancos quienes soportan el esfuerzo de la continuidad de la explotación de estas carreteras en beneficio del Estado, que cada vez debe menos. No obstante, es consciente de que el Estado no se ha comprometido a asumir las obras este sábado, que el cese en la conservación, vigilancia y seguridad de las vías exigiría su cierre, y que éste afectaría a centenares de miles de ciudadanos ya que estas carreteras comunican decenas de municipios, permiten el acceso a colegios, hospitales y demás centros públicos esenciales.

Además, destaca que aplazar el cierre viene acompañado ahora de un compromiso de Fomento por asumir las obras y obligaciones nacidas de la concesión, lo que presenta "indudables ventajas económicas y concursales" respecto a la resolución o ineficacia sobrevenida de los contratos unidos a la concesión.

Tras esta decisión, el juez ha abierto un plazo de 15 días para que tanto los deudores como acreedores formulen sus observaciones o propuestas. La patronal de grandes constructoras Seopan calculaba que abordar una liquidación de todas las autopistas de peaje en quiebra (RPA y costes judiciales) tendría un coste superior a 8.000 millones.