El Gobierno turco suspende a casi 13.000 policías y extiende otros tres meses el estado de emergencia
- 2.500 de los suspendidos son jefes
- El Ministerio de Interior ha abierto una investigación sobre el cuerpo
- Erdogan advierte que el estado de emergencia podría alargarse un año
El gobierno de Turquía ha suspendido de empleo a 12.801 policías por su supuesta vinculación con la red de Fetullah Gülen, el predicador a quien Ankara acusa de estar detrás del golpe de estado fallido de julio.
Más de 2.500 de los suspendidos son jefes, según un comunicado oficial recogido por las agencias internacionales.
La suspensión forma parte de una investigación más amplia abierta por el Ministerio del Interior en este cuerpo, que cuenta con 250.000 miembros, según informa la CNN turca.
El diario Haberturk, cuya línea editorial se considera próxima al Ejecutivo, asegura que cada agente será investigado y, si se confirma su vinculación con el movimiento de Gülen, será despedido.
El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan decidió este lunes extender por otros tres meses el estado de emergencia decretado tras la asonada fallida. Erdogan declaró el pasado jueves que podría ser necesario alargar este estado de emergencia "hasta 12 meses".
Continúa la purga
La suspensión es el último paso de una purga de todos los estamentos del Estado en la que Erdogan busca eliminar a los partidarios de su otrora mentor y hoy enemigo político.
Según ha informado recientemente el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag, en los dos meses y medio transcurridos desde el golpe del 15 de julio unas 70.000 personas han sido suspendidas de sus cargos, en su mayoría públicos, y 35.000 han sido detenidas bajo la ley del estado de emergencia. La purga se ha llevado a cabo en el Ejército, las fuerzas de seguridad, los servicios secretos, la judicatura, la administración, el profesorado y también entre los medios de comunicación.
El estado de emergencia permite al Gobierno emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia.
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