La mayoría del Congreso reclama paralizar las "reválidas" y derogar la Lomce

• La Cámara también apoya derogar la prisión permanente revisable
• Ambas proposiciones, con el voto en contra del PP y la abstención de C's

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el pleno del Congreso.

El primer pleno ordinario del Congreso en esta legislatura ha aprobado sendas proposiciones no de ley que buscan echar para atrás dos de las medidas más destacadas del gobierno del PP, hoy en funciones: la paralización "inmediata" del calendario de implantación de la reforma educativa, incluyendo las evaluaciones finales y la misma Lomce, así como la prisión permanente revisable, incluida en el Código Penal y recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional.

Ambas votaciones se han saldado con el voto a favor de la oposición, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

El Partit Demòcrta Català (PDC, en el grupo mixto) fue quien presentó la proposición no de ley para frenar la Lomce y su aplicación, tras acordar un texto transaccional con el resto de grupos de la oposición. El PP ha votado en contra, y Ciudadanos, que había presentado una enmienda a favor de un pacto educativo, se ha abstenido. El resultado de la votación ha sido de 175 síes (incluidos los de PNV y ERC), 133 noes y 34 abstenciones.

De esta manera, el Congreso insta al Gobierno en funciones a adoptar las medidas necesarias para "paralizar de forma inmediata" el calendario de implantación de la Lomce y "derogar" la normativa de desarrollo que no haya tendido aún vigencia o aplicación efectiva, en concreto el decreto citado, del 29 de julio pasado.

Adicionalmente, se le pide que impulse "urgentemente" las iniciativas necesarias para "derogar" la Lomce y a adoptar las medidas que "reviertan" los efectos negativos de la aplicación de la Lomce, de acuerdo con las comunidades autónomas y sus competencias.

Una ley educativa basada en el "consenso" y duradera

Durante su intervención en el debate, al que no ha asistido el ministro de Educación y diputado, Iñigo Méndez de Vigo, la defensora de esta propuesta, la independentista Míriam Nogueras, ha defendido la paralización de la norma educativa y la búsqueda de una ley que se base en el "consenso y la perdurabilidad".

En este sentido, la diputada de CDC ha pedido a los miembros de la Cámara que no dejen que "cuatro años de legislatura sea su horizonte" y que consideren la educación como "una inversión y no como un gasto". Nogueras ha criticado la Lomce, que contó "solo con la firma del PP" y ha asegurado que es un "desastre" para el "maquillaje" de la calidad educativa y que "nunca" una ley había condicionado el título académico a un examen, priorizando contenidos sobre competencia.

Por el PP, Sandra Moneo ha interpretado que la proposición se mueve entre intereses "partidistas" y las "limitadas" atribuciones de un Gobierno en funciones. Ha argumentado que paralizar el decreto de evaluaciones finales supondría dejar a los alumnos de Bachillerato en un "limbo", así que "no es posible volver atrás".

Del mismo modo, la portavoz 'popular' se ha dirigido al resto de diputados para preguntar qué supone paralizar la LOMCE. "¿Volver a la LOE, la del 26% de fracaso escolar?", ha inquirido, para señalar que la iniciativa llevaría al sistema educativo "al más absoluto caos" cuando "ya ha comenzado el curso".

Derogar la prisión permanente revisable

Por otro lado, y a instancias del PNV, se ha aprobado otra proposición no de ley que emplaza al Gobierno a derogar la prisión permanente revisable.

El grupo vasco ya presentó en la pasada legislatura una proposición de ley en la misma línea, que ha decidido recuperar en forma de proposición no de ley, porque considera "irresponsable" la reforma impulsada por los 'populares' que, a su juicio, no hace más que "encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua", vulnerando así el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución.

Pero además, añaden, "atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes".

Según abundan, la propia Constitución ha descartado por "inhumana" la pena de muerte y establece que las penas "no sean inciertas, no atenten contra la dignidad humana, no resulten inhumanas y proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas".

Sustituirla por una pena "proporcional"

Horas antes, en la Comisión de Justicia de la Cámara, el PSOE también conseguía sacar adelante una proposición no de ley con el mismo objetivo que el PNV. En su iniciativa, los socialistas instan al Ejecutivo a impulsar una reforma del Código Penal para sustituir la prisión permanente revisable por otra "adecuada" y "proporcional" a la conducta que se castiga.

El texto aprobado subraya que la reforma del PP, que entró en vigor en junio de 2015, no es más que una cadena perpetua encubierta, una pena que, además de no ser éticamente aceptable, contraviene, además de la "reeducación y reinserción social" que contempla la Constitución, otro artículo de la Carta Magna, el 9.3, ya que su "imprecisión" no garantiza el principio de legalidad y seguridad jurídica.