El Gobierno pide informes a la Abogacía para actuar contra Puigdemont y el Parlament

• Tras aprobarse dos resoluciones para un referéndum separatista en 2017
• Santamaría advierte de que insistir "abocará a la melancolía" al independentismo

La Abogacía del Estado estudia el referéndum independentista de Cataluña

El Gobierno de España ha solicitado a la Abogacía General del Estado que estudie las posibles responsabilidades legales que pueden exigirse al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y al Parlament catalán por promover un referéndum de independencia para 2017, negociado o no con el Estado, con el objetivo de proclamar la secesión del resto de España.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como respuesta a la aprobación este jueves en el Parlamento de Cataluña de dos resoluciones que instan a convocar un referéndum separatista el año que viene, "como muy tarde" en septiembre.

El Ejecutivo, ha explicado, ha dado orden a los servicios jurídicos del Estado para investigar "sobre la manera de proceder" por la vía judicial contra el plan adelantado la semana pasada por Puigdemont en el Parlamento de Cataluña para celebrar la consulta independentista y que fue respaldado en dos votaciones por los diputados de Junts pel Sí y la CUP.

Preguntada por el hecho de que las medidas del Gobierno parecen no hacer mella en el Gobierno catalán, Sáenz de Santamaría ha atribuido los motivos de este texto a la moción de confianza que Puigdemont superó gracias a la CUP, cuyo apoyo "le ha permitido continuar unos poquitos días más".

"Pueden seguir aprobando resoluciones que cada vez se parecen más las unas a las otras, porque las pida la CUP o porque les interese, pero no van a llegar a ningún objetivo que sea contrario a los que los españoles les toca decidir", ha avisado.

La vicepresidenta en funciones ha advertido a estas formaciones de que deben someterse al imperio de la ley y cumplir el Estado de Derecho igual que el resto de los ciudadanos, porque "es la garantía de los derechos de todos". "Incumplir la ley tiene sus consecuencias, que las deciden los tribunales, como no puede ser de otra manera", ha sentenciado.

El Estado seguirá actuando "de la misma manera"

A su juicio, la gravedad de lo ocurrido el jueves en la Cámara catalana es mayor dado que se aprobó organizar un referéndum independentista el mismo día que una resolución del Tribunal Constitucional anulaba los pasos emprendidos hasta ahora por la comisión parlamentaria encargada de desarrollar el proceso constituyente para crear un nuevo Estado en Cataluña y otra del Tribunal Supremo ratificaba la responsabilidad del hoy diputado Francesc Homs ee la consulta del 9 de noviembre de 2014.

"El Estado de Derecho y la realidad son muy claros. Si los partidos independentistas siguen repitiendo los errores y la hoja de ruta del señor Artur Mas, el Estado de Derecho debe seguir actuando de la misma manera, que es la que le corresponde", recalcó. "El proceso será exactamente el mismo. Ante la misma actuación reiterativa de los partidos independentistas, la respuesta del Estado de Derecho no ha dejado de ser la misma".

Sáenz de Santamaría lamenta que los independentistas "siguen repitiendo la misma letanía del referéndum cuando en Cataluña hay muchos problemas reales que no se están gestionando y cuando el Estado de Derecho ha dejado muy claro lo que se puede y no se puede".

A su juicio, insistir en el camino contrario a la ley del referéndum de independencia "sencillamente abocará a la melancolía a los independentistas", pero "no al Estado de Derecho, porque se mantendrá firme en lo que se tiene que defender".

Apelando a las decisiones de este jueves del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la vicepresidenta ha recordado a los dirigentes independentistas que "las resoluciones de los tribunales hay que acatarlas", porque la ley debe ser igual para todos los ciudadanos.

Vías políticas ante la crisis con Cataluña

En cuanto a si el Gobierno está dispuesto a explorar vías políticas con la Generalitat, ha respondido que las políticas cada uno tiene que hacerlas en su ámbito de competencia, y que la primera política que deben adoptar todos los responsables es respetar la soberanía de los españoles.

La vicepresidenta ha defendido que el Gobierno central ha hecho política, y además "beneficiosa para el conjunto de los españoles" cuando ha pagado a los proveedores de la Generalitat o cuando construye y gestiona infraestructuras, y que también hará política cuando se reforme la financiación autonómica que, según ha dicho, es uno de los asuntos sobre los que deberán llegar a acuerdos si se forma gobierno.

"Eso es hacer política, pero con eso a lo mejor no se solventan mociones de confianza", ha replicado, tras insistir en que no se puede pedir "soluciones políticas" cuando lo que los independentistas quieren es que les "soluciones" lo que ellos quieren, "saltarse la voluntad de los españoles".