El tribunal de 'Gürtel' rechaza que Rajoy declare en el juicio como testigo

• Porque ya lo va a hacer el ex secretario general del partido, Javier Arenas
• Da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción que se oponía a que testificara
• La fiscal rechaza la petición del PP de ser excluido del macrojuicio

La Fiscalía rechaza excluir al PP del juicio por el 'caso Gürtel' y acusa a las defensas de querer intoxicar el caso

El tribunal del juicio por los primeros años del caso Gürtel ha rechazado la petición de dos acusaciones de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, testifique en el juicio al considerar que ya va a declarar como testigo un ex secretario general del partido, Javier Arenas.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en línea con la Fiscalía, ha explicado que esa testifical ya la rechazó la sala el pasado febrero, pero que entonces se dejó abierta la posibilidad de que esta petición se reiterara a la vista del desarrollo del juicio.

Hurtado ha destacado que el juicio aún no ha empezado y que por tanto las circunstancias son "iguales" ahora que cuando en febrero se rechazó, y ha añadido que unos meses después, en julio, la sala admitió una serie de testificales de cargos del PP.

Además, ha recordado que la acusación Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) pidió que testificara Rajoy en base a que Rajoy fue secretario general del partido y debía conocer de las actividades de su extesorero Luis Bárcenas.

Rechaza la petición de dos acusaciones

Por ello, el presidente del tribunal ha considerado que, dado que uno de los testigos ostentó también este cargo, Arenas podría dar respuesta a las preguntas de la acusación popular a este respecto.

Los otros cargos del PP que declararán como testigos en el juicio y que también podrían, según el juez, aclarar las dudas de las acusaciones son Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

La citación de Rajoy como testigo la pidió la semana pasada Adade y a ella se adhirió el PSOE, argumentando que Rajoy debería comparecer para declarar sobre el dinero que el extesorero del partido Luis Bárcenas se llevó supuestamente de la "caja B" de la formación y ocultó luego en Suiza. Lo hicieron considerando que Rajoy ha sido secretario general y presidente del PP y que por ello tendría que conocer, a juicio de las acusaciones, de lo que hacía Bárcenas en el partido.

En otro orden de cosas, el tribunal ha anunciado a las partes que admite la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que los primeros en declarar sean los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo y del exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Roberto Fernández, para "un mejor esclarecimiento de los hechos, sin necesidad de mayor explicación".

También ha aceptado las testificales y documentales solicitadas por Anticorrupción, como el informe sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas o las comisiones rogatorias a Suiza, Reino Unido y Bermudas sobre los movimientos de cuentas y las cartas remitidas al país helvético.

La fiscal rechaza excluir al PP del juicio como solicitó

La fiscal del caso, Concepción Sabadell, había manifestado su rechazo a la petición del PP de que se le excluya como partícipe a título lucrativo porque fue el partido nacional, y no las agrupaciones municipales, el que se benefició de 245.000 euros "de fondos procedentes de cohecho y malversación" de la trama.

En su respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas del juicio, la fiscal ha rechazado la petición que hizo el pasado viernes el abogado del PP de que se aparte al partido del juicio y que, en todo caso, se incluya como responsables civiles a las corporaciones de la formación en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde ocurrieron los hechos que se enjuician.

"El PP fue quien se vio beneficiado en más de 245.000 euros de fondos procedentes de cohecho y malversación y no los grupos municipales", ha dicho la fiscal, por lo que "no procede su exclusión del procedimiento, es plenamente válida".

Sabadell ha apoyado estas afirmaciones en lo expuesto en el propio escrito de acusación de la Fiscalía, del que ha enumerado varias páginas que probarían la responsabilidad del PP al beneficiarse de fondos de la trama corrupta.

Asimismo, la fiscal ha mostrado su oposición a la petición de dos acusaciones de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, testifique en el macrojuicio de Gürtel, al menos "por el momento y sin perjuicio de lo que pase en las sesiones".

El pasado febrero, la sección segunda de la Audiencia Nacional, que juzga este macrojuicio, ya rechazó citar a Rajoy "sin perjuicio de que, en otro momento, se pueda acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral".

Acusa a las defensas de "intoxicar"

Además, la fiscal ha acusado a algunos abogados de los acusados de haber acudido a "meras descalificaciones personales" para "intoxicar" ante la "abrumadora prueba" contra ellos, y se ha opuesto a la nulidad del juicio que propuso la mayor parte de las defensas y el PP, que se ha unido a esta estrategia y ha pedido anular todo el juicio.

En su respuesta a las cuestiones previas propuestas por las defensas, la fiscal ha considerado que algunos letrados han hecho uso de un "derecho de defensa oportunista, desenfocado e inaceptable".

En cuanto a la nulidad del proceso pedida por una mayoría de los abogados, ha considerado que se trata de una maniobra de los letrados de "cuestionar la integridad del procedimiento en un último intento de los acusados ante la abrumadora prueba" contra ellos.

Las defensas alegaron que las grabaciones que iniciaron las investigaciones en 2009 hechas por el delator de Gürtel al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, son irregulares, pero la fiscal ha contestado que "ni son el origen de la causa, ni son nulas, ni están manipuladas", por lo que no se pueden anular."Es la denuncia del testigo José Luis Peñas lo que da origen a esta causa, pero no son las grabaciones las que dan el origen", ha afirmado la fiscal.

La prueba llevada al juicio, "plenamente válida"

Para Sabadell, las grabaciones de Peñas, exedil del municipio madrileño de Majadahonda y también acusado en el juicio, "en ningún caso vulneran el derecho a la intimidad personal de los interlocutores", ya que para ello se exige que tengan un contenido "personal o familiar", cuando "todas ellas giran a una actividad ilícita profesionalizada de los interlocutores".

La fiscal ha recordado otra de las causas de nulidad que han alegado muchas de las defensas: la anulación de parte o de la totalidad de la causa por la ilegalidad de las escuchas en prisión entre imputados y sus abogados ordenada en 2009 por el juez Baltasar Garzón y que le valieron su inhabilitación por el Tribunal Supremo.

A este respecto, Sabadell ha recordado que ya se ha hecho un minucioso trabajo para quitar de la causa lo afectado por las grabaciones, de manera que no hay nada en ella contaminado por las escuchas ilegales.

"Se expurgó todo aquello que derivaba de las grabaciones declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todo lo que derivaba de las mismas ha sido expurgado", por lo que la prueba que se ha llevado a juicio es "plenamente válida y no deriva de las conversaciones".