Puigdemont anuncia consecuencias si los responsables de la consulta del 9N son inhabilitados

• El president insta al Gobierno a negociar la fecha y la pregunta del referéndum
• Puigdemont ha dicho que se celebrará con la autorización o no del Estado
• Niega que los independentistas hubieran acordado dar el sí a Pedro Sánchez

El president Puigdemont, en unos desayunos informativos de Europa Press.

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha advertido este lunes de que llevar a los responsables de la consulta soberanista del 9N a la vía penal es un "inmenso error" que "evidentemente" tendrá consecuencias, si finalmente son inhabilitados.

"No le voy a concretar qué es lo que va a pasar, pero claro que van a pasar cosas. No nos vamos a limitar a emitir un comunicado de prensa ni a una concentración de alcaldes", ha dicho en un desayuno informativo en Madrid al ser preguntado por la causa contra el expresidente Artur Mas, el exconseller de Presidencia Francesc Homs y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega.

Puigdemont ha asegurado que habrá una "respuesta política" no sólo del Gobierno de Cataluña, sino del conjunto de la sociedad catalana.

Según ha defendido, una gran parte de los catalanes, esté o no a favor de la independencia, considera el 9 de noviembre de 2014 como una "fecha democrática".

Insta al Gobierno a negociar la fecha y la pregunta del refereéndum independentista

Por otro lado, Puigdemont ha emplazado este lunes al Gobierno a "hacer política" y a sentarse a negociar con ellos la fecha y la pregunta del referéndum que se celebrará en torno a septiembre de 2017, ha subrayado, con la autorización o no del Estado.

A su juicio, se trata de diseñar una consulta en la que se sientan todos "cómodos", en la que se pacte la fecha, la pregunta y los porcentajes sentados a una mesa, porque ahora están en el "banquillo de los acusados".

Ha sido en una conferencia en Madrid organizada por Europa Press, a la que han asistido, entre otros, varios consellers de su gobierno, diputados y senadores soberanistas y el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Puigdemont ha señalado que con esa negociación el Ejecutivo central podría "competir" con la Generalitat catalana en el referéndum con la respuesta que den los ciudadanos en las urnas. El Gobierno, por su parte, ya ha pedido a la Abogacía informes para actuar contra el Parlament y Puigdemont tras aprobarse dos resoluciones para el referéndum separatista.

"Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo con el Estado, se celebraría dentro y fuera de España, sería político y se resolverían dos variables enquistadas: la situación en Cataluña pero también la gobernabilidad en España", ha señalado.

Y ha recordado que alrededor del 80% de los catalanes cree que se debería votar: "Los del sí y los del no nos sentimos cómodos con la idea de votar", ha insistido antes de urgir al Estado a que "juegue el partido" y a que les proponga "algo".

El presidente catalán está abierto incluso a negociar la fecha de la consulta, que no tendría que ser obligatoriamente en septiembre de 2017, y a hablar sobre los porcentajes, de manera que se fije un mínimo de participación "incontestable" para dar legitimidad a la votación y otro porcentaje sobre el resultado.

Puigdemont niega que los independentistas hubieran acordado apoyar a Sánchez

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha negado que los independentistas catalanes hubieran acordado nada "en rincones oscuros" con Pedro Sánchez para facilitar su investidura, pese a que ha sido uno de los argumentos utilizados por el PSOE para intentar defenestrarle.

"No habíamos acordado nada porque no habíamos negociado nada", ha dejado claro en la conferencia organizada por Europa Press, en la que ha sido preguntado por las informaciones que aseguran que Sánchez había acordado su investidura con Podemos y los soberanistas y que esa era una de las razones por las que una parte de su partido había intentado destituirle.

Puigdemont es consciente de que se han publicado esas noticias y de que algunos "se lo han creído", hasta el punto de que es una de las razones que llevaron a parte de los "barones" del PSOE a intentar desalojarle de la Secretaría General, aunque finalmente fue él quien dimitió tras perder la votación en el Comité Federal sobre un congreso exprés.