La Fiscalía pide 20 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el exconsejero Antonio Fernández por los ERE

• Se concedieron 2,3 millones de euros entre 2006 y 2010 a Surcolor y Acyco
• Pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para Agustín Barberá
• También para el "conseguidor" de los ERE, Juan Lanzas
• La pasada semana el juez procesó a seis exaltos cargos de la Junta andaluza
• Quién es quién en el caso de los ERE

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, cuando acudió a declarar como imputado en el caso de los ERE, en una imagen de archivo

La Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y le acusa de cometer los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en las piezas separadas del conocido caso de los ERE por ayudas concedidas a las empresas Surcolor y Acyco.

La pasada semana, el juez de instrucción Álvaro Martín concluyó la tercera pieza del caso de los ERE con 16 procesados, seis de ellos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, por la ayuda de 2,3 millones de euros concedidos entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor, y con otras doce personas, seis de ellas ex altos cargos, por ayudas a la empresa Acyco.

En el escrito de la Fiscalía anticorrupción relativo a Surcolor, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para Fernández así como para el exviceconsejero de Trabajo, Agustín Barberá, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación, al igual que al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla, Antonio Rivas.

Para el resto de directores generales, el fiscal pide seis años de prisión y diez de inhabilitación para Daniel Alberto Rivera y para Juan Márquez.

Autor intelectual del "sistema operativo" en las ayudas concedidas

La juez en su día instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que posteriormente fue sustituida por la magistrada Bolaños, imputó al exconsejero Fernández seis delitos en el año 2011 y le acusó de ser el autor intelectual del "sistema operativo" de las ayudas concedidas en esta trama de corrupción en Andalucía.

El pasado año, durante su declaración ante el Tribunal Supremo por esta causa, Fernández aseguró que "99 por ciento de las ayudas sociolaborales a trabajadores" tenían "legalidad absoluta" y que "nunca hubo un ERE falso".

Además, el consejero Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá y los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez están también procesados en la denominada 'pieza política' de los ERE, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En dicha pieza política, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para Antonio Fernández.

Ocho de prisión y 20 de inhabilitación para Fernández por Acyco

En el correspondiente a Acyco, la Fiscalía pide para Fernández un total de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y malversación, así como cuatro años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial.

Asimismo, y dentro de la pieza de Acyco, el fiscal pide 12 años y medio de prisión para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; ocho años de cárcel para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y seis años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, para los ex directores generales de Trabajo Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.

El proceso para aprobar la ayuda a la empresa Acyco comenzó en julio de 2003, cuando la entidad presentó un ERE para extinguir 35 de sus 161 contratos, para lo que se optó por la fórmula de la prejubilación y se articuló mediante una póliza de renta colectiva, en cuya contratación medió Vitalia, dos de cuyos directivos están imputados, uno de ellos el exdirectivo Antonio José Albarracín Muñoz, para quien la Fiscalía pide también ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

Pide la misma pena para el conseguidor de los ERE, Lanzas

Con respecto al conocido como "el conseguidor" de los ERE, Juan Lanzas, la Fiscalía también pide ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, y sostiene que hizo que el también encausado Francisco Algarín Lamela, "como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes, facturara 118.752 euros".

El escrito destaca que Lanzas y Algarín, su supuesto testaferro, deberán responder por la cuantía imputada a facturas falsas por importe de 118.752 euros y restituir a la Junta de Andalucía, junto con el resto de procesados por malversación -once en total- la cantidad de 400.000 euros, a juicio de la Fiscalía.