Dos exdirectivos de NCG deberán indemnizar a Abanca con 10,4 millones por el cobro indebido de sus prejubilaciones

• José Luis Pego, 6.476.237 euros, y Gregorio Gorriarán, 3.969.349,31 euros
• En calidad de responsables civiles solidarios en el abono de la cantidad

El ex director general de Novacaixagalicia, Jose Luis Pego.

La Audiencia Nacional ha condenado a los exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán a indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora legal de la entidad gallega, Abanca, por el cobro indebido de sus prejubilaciones, modificando así las cantidades fijadas en una primera sentencia que fue anulada por el Tribunal Supremo (TS) en septiembre.

La sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia señala a cada uno de los acusados como responsables civiles solidarios en el abono de la cantidad que cada uno como responsable civil directo debe satisfacer a Abanca.

La Audiencia Nacional acata de este modo la sentencia del TS, que pese a la orden de recalcular las responsabilidades civiles había confirmado la pena de dos años de cárcel a la que fueron condenados cinco exdirectivos de la entidad por las indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos que se concedieron a sí mismos mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en 2010.

El propio TS calificó en su sentencia dichas penas de "exiguas", si bien reconocía que no podía incrementarlas porque ninguna de las partes personadas en el procedimiento las cuestionó al alza.

Ahora, en su segunda sentencia, la Audiencia Nacional atribuye a Pego la cantidad de 6.476.237 euros y a Gorriarán 3.969.349,31 euros y asume el "llamativo error" que cometió al calcularlas.

La Audiencia Nacional declara también la nulidad de las pólizas de aseguramiento que se establecen a favor de Pego Alonso, Rodríguez Estrada y Gorriarán a raíz de la modificación de dichos contratos, los cuáles en el momento de aprobarse ya se había iniciado el proceso de fusión bancaria y se habían reclamado 1.162 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).

"El criterio de este tribunal es el de acoger la mayor reparación del daño patrimonial a la entidad perjudicada", reza la sentencia en la que los magistrados vuelven a incidir en que la esencia de los contratos de alta dirección que modificaron en 2010 era la de percibir de la caja un complemento de pensión por jubilación que representaría el 100% de su último salario anual con carácter vitalicio.