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El juez desimputa al ex subsecretario de Presidencia Federico Ramos del 'caso Acuamed'

  • También archiva la causa para la directora general del Agua Liana Ardiles
  • Ramos dimitió tras la detención de la cúpula de Acuamed

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La Guardia Civil registra la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Registro la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el sobreseimiento de la investigación por el presunto fraude de la empresa pública Acuamed en lo que respecta a su expresidente y exsecretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y de la directora general del Agua Liana Ardiles.

Ramos dimitió como subsecretario de Presidencia cuando fueron detenidos varios empresarios y la cúpula de Acuamed, cuyo director general, Arcadio Mateo, ingresó en prisión por orden del juez, que le acusó de tejer una "organización criminal" que se dedicaba a favorecer "escandalosamente" intereses privados.

En un auto hecho público este miércoles el juez precisa que no se ha constatado "con el grado de certeza que se precisa en la jurisdicción penal", una actuación que conlleve responsabilidades penales.

El magistrado, que también archiva las actuaciones abiertas contra la ex directora general del Agua, Liana Ardiles, precisa que ninguno de los dos tenían respecto de Acuamed "reales funciones ejecutivas ni participaron en la destitución de aquellos técnicos que no se plegaban a "ciertos designios irregulares".

"Su intervención en la gestión diaria era residual, episódica y no estratégica", constata el magistrado que carga contra el presidente de Acuamed, Arcadio Mateo. En su opinión, era éste último quien, con ayuda de ciertos cargos y empleados públicos que no detalla, "puso en marcha un plan sistemático" para cerciorarse de las adjudicaciones quedaban a merced de su voluntad.

El exsecretario de Estado fue investigado (imputado) después de que varios exempleados de la empresa pública aseguraran ante el juez Velasco que participó en una presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora, que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

"Persona de la mayor confianza" de Arias Cañete

El juez también asegura que ni Ramos ni Ardiles participaron en la destitución de aquellos técnicos que no se plegaban a "ciertos designios irregulares" en contra de los intereses y los dineros públicos.

"Pueden ser cierto que fallaron controles pero lo hicieron por y gracias a la actitud de Mateo", señala el auto que apunta que éste era "persona de la mayor confianza" del entonces ministro Miguel Arias Cañete.

El juez Velasco dice que las declaraciones prestadas por Ramos y Ardiles aclaran algunos indicios obrantes en su contra y agrega que su error fue dejar la tramitación de algunos asuntos en manos de Mateo. "Su voluntad era la de enfrentar problemas", agrega el auto.