El juzgado declara disuelta la empresa Caramelo, donde trabajan 169 personas

• La firma textil había pedido a la justicia su disolución y el cierre de sus tiendas

Foto de archivo de un desfile de moda de la marca Caramelo en Moscú en 2011.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha acordado abrir la fase de liquidación de la empresa de moda Caramelo -que cuenta con 169 empleados en España, 79 de ellos en Galicia- en un auto fechado el pasado viernes y difundido este lunes por el Tribunal Superior de Xustizia de Galicia.

Caramelo, perteneciente al Grupo Inveravante del empresario Manuel Jove, solicitó el pasado martes 25 de octubre la apertura del proceso de liquidación y el cierre de todos sus puntos de venta.

En un comunicado, la firma textil resaltó que se hizo "todo lo posible para intentar recuperar la senda de la rentabilidad una vez que pudo superar el concurso de acreedores en 2014", pese a lo cual no se consiguió "superar las pérdidas de los últimos ejercicios, viéndose abocada a la liquidación", recuerda Europa Press.

Entre otras medias, citó la apertura de nuevas tiendas, el relanzamiento de la marca o la búsqueda de un equipo directivo que encajase con la realidad de la empresa.

La actividad de Caramelo, añadía la nota, se ha visto fuertemente dañada por la "profunda crisis de consumo" que ha afectado a Europa y de forma particular a España, un "mercado al que la empresa ha estado excesivamente expuesta en los últimos años".

Con la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña han quedado cesados los administradores, que son sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de que puedan continuar en la representación de la empresa durante el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte.

15 días para la presentación de un plan

Abierta la fase de liquidación, quedan en suspenso las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el título III de la ley concursal.

Además, ha quedado repuesto en su cargo el administrador concursal, Antonio Zamorano Fernández y Antonio Amorrich Campos (PWC Corporate Finance S.L.).

El juzgado da un plazo de 15 días, computados desde la notificación de la resolución, para que la administración concursal presente un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa. Los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones se declaran vencidos.

Contra esta resolución puede presentarse por escrito en el plazo de 20 días hábiles un recurso de apelación.