El Gobierno propone al juez José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado

• Sustituiría a la actual, Consuelo Madrigal, primera mujer que ocupó dicho cargo
• Deberá contar con el aval del CGPJ y de la Comisión de Justicia del Congreso
• Nacido en Madrid, de 65 años, ingresó en la carrera judicial en 1975
• Asume con "responsabilidad" cargo y no se pronuncia sobre el desafío catalán

El Gobierno propone a José Manuel Maza como nuevo Fiscal General del Estado

El juez del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, es la persona que ha propuesto el Gobierno para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, en sustitución de la actual, Consuelo Madrigal, quien fue nombrada en el cargo hace prácticamente dos años, convirtiéndose en la primera mujer en ocuparlo.

Así lo ha propuesto este viernes el Consejo de Ministros. Para ostentar el cargo, será precisa la participación de los tres poderes del Estado, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá aprobar un informe de idoneidad y después comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener el aval del Legislativo, un proceso que durará en torno a un mes hasta su nombramiento.

De ser así, José Manuel Maza sería el nuevo fiscal general tras Consuelo Madrigal, quien llegó al cargo tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce a finales del año 2014 por "motivos personales".

El magistrado pertenece en la actualidad a la Sala Segunda del Tribunal Supremo -de lo Penal-, que es la encargada de resolver de forma definitiva los recursos de casación y revisión sobre cuestiones de índole criminal. Este órgano del alto tribunal es el que tiene poderes constitucionales para llevar a juicio a diputados, senadores y miembros del Gobierno.

José Manuel Maza, que asume con "responsabilidad" el encargo, ha optado por la prudencia y ha evitado dar su opinión sobre cómo pretende afrontar asuntos como el reto soberanista en Cataluña, ya que considera que sería "temerario" hacerlo en este momento, según ha dicho ante los periodistas en Barcelona, donde participaba en un acto académico.

Cuarenta años de carrera judicial

El magistrado José Manuel Maza Marín (Madrid, 1951) se licenció en Derecho y se diplomó en Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. En 1975 ingresó en la carrera judicial (y en 1978 en la fiscal, con el número uno, plaza de la que está en excedencia). Junto a su actividad profesional, ha ejercido la docencia y es autor de numerosas publicaciones, entre las que destaca su "Manual de Psiquiatría Legal y Forense".

Como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid. En 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

Se pronunció contra la "doctrina Botín"

Maza fue nombrado en 2002 magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras ser presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue portavoz de la conservadora Unión Judicial Independiente, ha tenido actuaciones destacadas a lo largo de su estancia en el alto tribunal.

En su día, se pronunció en contra de la llamada 'doctrina Botín', que en 2007 llevó al sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito -en el que estaba acusado el citado expresidente del Banco Santander, Emilio Botín-. El magistrado, junto a otros cuatro, manifestó que el Supremo debió haber acordado la continuación del procedimiento con la consiguiente celebración del juicio oral.

Del mismo modo, fue favorable a que se admitiera a trámite una querella contra el expresidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, por un posible delito de estafa derivado de los gastos de sus viajes a Marbella (Málaga), acusación que fue rechazada por el Supremo.

También se quedó en minoría cuando se pronunció a favor de que se condenara por prevaricación al exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en relación con la actuación de este magistrado en su investigación de los crímenes del Franquismo.

Maza adquirió su plaza en propiedad en el Supremo en 2011 y, desde entonces, ha sido ponente de otras decisiones, como el archivo de una querella presentada contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Silencio prudente sobre Cataluña

Ahora, ante la insistencia de los periodistas para conocer si respalda la línea de Consuelo Madrigal sobre el proceso independentista catalán, ha reconocido que en estos momentos no tiene fundamentos para hablar sobre "dónde está el problema y qué soluciones puede haber".

"Para mí este es un momento de silencios, de no dar opiniones. Un tiempo de silencios expectantes. Tengo que pasar el escrutinio del Congreso, un informe pasivo del Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera tengo el nombramiento, sólo la propuesta del Gobierno. Tengo que pasar muchos filtros, ahora no puedo opinar", se ha excusado

"Se pueden imaginar que yo ahora mismo no creo nada, ni pienso nada, ni afronto nada, porque ahora es más momento de silencios para mí. Y todos los problemas que se me puedan plantear, cuando se me planteen, si es que se me plantean, pues tendré que estudiarlos con los equipos correspondientes y tomar decisiones", ha indicado.

De esta forma, también ha esquivado responder si era partidario de que los casos de desobediencia al Tribunal Constitucional se diriman en el ámbito penal: "No puedo opinar, dentro de un tiempo, si se diera el caso, lo diría con toda la tranquilidad del mundo, pero en este momento es una temeridad. Las opiniones que uno pueda tener no son para dar en las circunstancias en las que ahora me encuentro", ha zanjado.