Citan como investigados al exalcalde del PP de Toledo y a todo su equipo por la adjudicación del contrato de basuras

• Adjudicaron el servicio de basuras a la empresa Sufi en 2007
• Imputados por prevaricación en esta pieza separada del caso Bárcenas

El exalcalde de Toledo José Manuel Molina a su salida de la Audiencia Nacional

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo ha citado a declarar como investigados a los siete miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo que adjudicaron el servicio de basuras a la empresa Sufi en 2007, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Este juzgado investiga esta causa después de que el juez Pablo Ruz decidiese en un auto de marzo de 2015 enviar a una juzgado de la ciudad esta parte del caso Bárcenas, tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito.

La providencia del juzgado, que ha sido adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Efe, concreta que José Manuel Molina, el que fuera alcalde de Toledo desde 1987 hasta 1991 y desde 1999 a 2007 y presidente del PP de Castilla-La Mancha desde 1986 a 1999, ha sido citado a declarar el 22 de febrero de 2017.

Molina, imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el caso Bárcenas, negó en noviembre de 2014 ante el juez Ruz que adjudicara en 2007 un contrato millonario para la recogida de basuras a Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una comisión ilegal de 200.000 euros. Un dinero que, según el extesorero del PP, Luis Bárcenas, habría servido para financiar la campaña de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en las autonómicas de hace siete años para presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Declarará el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y concejal

El 22 de febrero también está citado el extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda.

También declarará ese día el que fuera concejal de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Toledo en ese mandato, Fernando Sanz Domínguez.

El 1 de marzo declararán como investigados la que era concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Toledo, María José Rivas; el que fue concejal de Deportes en ese mandato, Fernando Fernández Gaitán; la concejala de Urbanismo, María Paz Ruiz González, y el que fue concejal de Cultura, Fernando Cirujano Gutiérrez.

Todos ellos declararán como investigados, ya que estuvieron presentes en la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007, en la que se adjudicó el contrato de recogidas de basuras a la empresa Sufi.

De hecho, este mismo juzgado ya solicitó al Ayuntamiento de Toledo que remitiera íntegramente el acta de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de mayo de 2007.

Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas de Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.

Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.