La Audiencia juzgará a la cúpula de la CAM por estafa, falsedad y apropiación indebida desde el 17 de enero

• Los ocho acusados se enfrentan a penas de hasta 17 años de cárcel

El expresidente de la CAM Modesto Crespo en una foto de archivo del año 2011

La Audiencia Nacional juzgará entre el 17 de enero y el 2 de marzo de 2017 a la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que también comparecerán como acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el ex director general de Recursos Vicente Soriano, al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno, si bien no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.

Como cómplices de falsedad contable, el Ministerio Público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.

La acusación popular pide 16 años para cada uno de los ocho acusados

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.

En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.

La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes que describen las irregularidades de los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.