La Fiscalía pide el archivo del 'caso del espionaje' a políticos de la Comunidad de Madrid

• Dice que no hay "suficientes" indicios para imputar un delito de malversación
• Es contraria al criterio de la Abogacía del Estado que pedía apertura de juicio

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, en una imagen de archivo.

La Fiscalía de Madrid ha pedido el sobreseimiento provisional del caso de "seguimientos" a políticos de la Comunidad de Madrid al no apreciar suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicos, han informado a Efe fuentes fiscales.

La Fiscalía entiende que las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer el supuesto caso de espionaje a cargos del partido en la región madrileña, como el que fuera su presidente Ignacio González, no arrojan "suficientes" indicios para imputar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Madrid ordenó en junio del año pasado reabrir por tercera vez el caso de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre al considerar que había indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad acusados.

Los magistrados estimaron que, como ya habían sostenido en ocasiones anteriores,  había indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

Están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.

Ahora la Fiscalía sostiene que las diligencias de instrucción practicadas no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública "caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones".

A su juicio, no se han aportado pruebas que demuestren que los vehículos o teléfonos puestos a su disposición de las personas investigas fueran utilizados para hacer seguimientos.

"Tampoco ha sido posible concretar -añade el escrito del fiscal- qué consumos telefónicos o de combustible pueden estar relacionados con los hechos imputados", ni tampoco, como consecuencia de lo anterior, si dichas diligencias han contribuido a concretar el importe de la defraudación.

La Fiscalía también argumenta que "no es posible" cuantificar la cantidad presuntamente malversada ni tampoco está acreditado el ánimo de lucro, por lo que no se puede aplicar la consideración de malversación.

La Abogacía del Estado solicitaba la apertura de juicio oral

Esta postura contrasta con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que se solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Se formulaba así escrito de acusación contra los seis investigados, entre ellos el entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, y su 'número dos', Miguel Castaño Grande. Además, formula acusación contra tres guardias civiles implicados en el caso y un funcionario regional.

La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.

La Audiencia de Madrid ha ordenado hasta en tres ocasiones la reapertura del proceso a instancias del PSOE.