Ciudadanos avisa al PP de que romperá el pacto si se incumple su acuerdo sobre corrupción

• Para C's, cualquier político que sea imputado deberá abandonar su cargo
• Los 'populares' prefieren esperar a que se abra juicio oral para tomar medidas
• El Gobierno llama a "reflexionar" sobre el criterio de apartar a los imputados

El PP pide "dar una vuelta" al pacto anticorrupción y Ciudadanos se niega a revisarlo

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido al PP de que si decide incumplir el acuerdo que firmaron para la investidura de Mariano Rajoy, en cualquiera de sus puntos, incluido en materia anticorrupción, se dará por roto el pacto y tendrá repercusión política.

Un aviso que ha hecho en una rueda de prensa en el Congreso, en réplica al portavoz 'popular' en el Congreso, Rafael Hernando, que ha sugerido a primera hora de la mañana que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al pacto de investidura que su partido firmó con Ciudadanos y que incluye esa cláusula.

Villegas ha confirmado que Ciudadanos no va a "revisar" en ningún caso su criterio en la lucha contra la corrupción política, y mantendrá su exigencia de que cualquier dirigente político que sea imputado deberá abandonar su cargo público.

En ese sentido, su partido piensa mantener ese criterio que ha exigido en todos los pactos de Gobierno en los que Ciudadanos ha sido decisivo, como en Andalucía cuando exigió al PSOE la renuncia de Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras su imputación por el caso de los ERE, o en la Comunidad de Madrid y la de Murcia, en ambos casos con el PP.

"Donde Ciudadanos es decisivo para formar Gobierno, los imputados tienen que abandonar su cargo público", ha dicho Villegas insistiendo en que ese criterio es primordial para recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

Si el PP decide incumplir el acuerdo de investidura en esa o cualquiera de las demás propuestas, ha advertido, Ciudadanos entenderá que el pacto se ha roto y que el PP no es un partido fiable, lo que hará muy difícil que se puedan firmar otros acuerdos con ellos o apoyar sus leyes, en clara alusión a la negociación de los presupuestos de 2017.

Por ello, Villegas ha pedido al PP "intentar ser suficientemente coherente" para aplicar siempre el mismo criterio: "No podemos decir que es bueno si lo aplicamos a los demás, y malo cuando es a nosotros mismos", ha comentado.

A esto, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha respondido tras el Consejo de Ministros de este viernes que el pacto con C's "está para cumplirse", pero también ha pedido "reflexionar" sobre el criterio de apartar a los políticos imputados en causas judiciales relacionadas con la corrupción.

No obstante, fuentes gubernamentales han descartado que Rajoy baraje en este momento reescribir el pacto con Ciudadanos ni presentar ninguna reforma que modifique el acuerdo sobre corrupción.

El criterio del PP: expulsar cuando se abre juicio oral

En parte de las filas del PP, la muerte de la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, apartada del partido después de que el Tribunal Supremo la investigara por supuesto blanqueo de dinero, ha hecho que el partido se cuestione su reacción con un miembro tan destacado de su formación, que ayer se interpretaba como una forma de evitar su "linchamiento" político y mediático y los ataques de la "hienas".

El autor de esta frase, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, consideraba este viernes en una entrevista en Los Desayunos de TVE que "a lo mejor hay que darle una vuelta" al pacto de investidura que su partido firmó con Ciudadanos y que incluye esa cláusula.

Hernando (PP): "Buscamos que no se utilizara a Barberá como munición para atacar a Feijóo y Alonso"

Y es que el pacto político con Ciudadanos, en el que se basó el apoyo a la investidura de Rajoy, y en el que los puntos referentes a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción constituían una parte fundamental para la formación de Albert Rivera, forzó un cambio en la práctica asentada en el PP, cuyo efecto repercutió en primer lugar en el caso de Rita Barberá, quien dos semanas después del pacto solicitó su baja del Partido Popular por las presiones para que lo hiciera.

La tesis que siempre ha defendido el PP es que se tomarán medidas contra un cargo público en el momento en que se abra juicio oral o haya indicios de criminalidad porque se formule la acusación, a fin de evitar decisiones apresuradas y lo que se ha venido en denominar "pena del telediario", es decir, la condena previa ante la opinión pública por encima de la presunción de inocencia. Una posición que ha defendido con insistencia el propio Rajoy y que se estudiará seguramente en el congreso nacional del partido, en febrero.

El PP pide "una profunda reflexión" a todos los grupos

Para Rafael Hernando, es posible que la exigencia pactada con Ciudadanos "permanezca en el acervo", pero en ese caso habría que "buscar alguna fórmula para compensar a esa persona a la que se hace dimitir" y que luego, aunque sea absuelta o su caso sea archivado, no puede recuperar su vida política, generalmente porque han pasado años y su puesto está ocupado ya por otra persona.

De hecho, ha lamentado también la longitud de los procedimientos judiciales y ha apostado por "seguir avanzando y hablando" con otras fuerzas políticas para poder llegar a "un sistema de enjuiciamiento rápido de estos casos de corrupción", remarcando que la Justicia debe ser rápida y ágil, y en caso contrario perjudica no sólo a los afectados sino a todo el sistema.

Más tarde, en el Congreso, y pese a la réplica de Ciudadanos, Hernando ha señalado que hablará con todos los grupos parlamentarios para hacer "una profunda reflexión" sobre cuándo debe apartarse a los políticos investigados. "Démosle una vuelta todos", ha enfatizado, buscando tratar sobre "todo lo que ha sucedido" y sobre si se va "por el camino adecuado y correcto".

Albert Rivera felicita a Mariano Rajoy tras su investidura EFE

Punto 93 del acuerdo de 150 compromisos entre PP y C's

"El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos.

Adicionalmente, los partidos firmantes se comprometen, a través de un Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, a hacer extensivo estos compromisos y a concretar sus efectos al resto de las fuerzas políticas".