El juez no imputará al exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez por la salida a bolsa de Bankia
- Tampoco citará al subgobernador Restoy ni a Segura, expresidente de la CNMV
- Un inspector del Banco de España alertó por mails de la salida a bolsa
- La Confederación Intersindical de Crédito pidió su citación por este motivo
- El juez responde que no hay responsabilidad penal en estos organismos públicos
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la salida a bolsa de Bankia, Fernando Andreu, ha rechazado este lunes imputar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), al subgobernador actual Fernando Restoy y al expresidente de la CNMV Julio Segura.
La acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) había pedido su citación como investigados tras incorporarse a la causa cuatro correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus en los que advertía de que la salida a bolsa "sería el primer paso para la nacionalización de las pérdidas" y que cuestionaba la viabilidad del Grupo BFA-Bankia.
En un auto, el titular del Juzgado central de Instrucción nº 4 de la Audiencia rechaza, sin embargo, la petición y argumenta que la responsabilidad en las decisiones de gestión son "exclusiva responsabilidad" de los órganos de gestión y de administración de una entidad.
En este sentido, asegura que fueron los consejos de administración de BFA y Bankia los que decidieron la salida a Bolsa, entre las distintas alternativas posibles, por lo que cualquier error por parte del Banco de España y la CNMV no forma parte del código penal y no son conductas punibles.
El magistrado se suma así al criterio ya expresado por el fiscal Alejandro Luzón, que hace unos días se opuso también a la citación de los directivos de ambos organismos, que había solicitado la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular.
unto a Fernández Ordóñez, Segura y Restoy, la CIC solicitaba en su escrito la comparecencia como investigados del exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui; el exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello; Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González, todas las cuales han sido rechazadas por el juez.
Los correos que alertaban de la salida a Bolsa de Bankia
El pasado 19 de octubre la CIC solicitó estas comparecencias tras conocerse los correos electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus, que en su opinión demostraban "el perfecto y cabal conocimiento que la jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia".
Este inspector aconsejó que BFA-Bankia cotizara como una sola entidad y que no lo hiciera por separado Bankia, como finalmente ocurrió, porque en su opinión "sería el primer paso para la nacionalización de las pérdidas, algo injusto y contrario al mandato recibido".
"(La salida a Bolsa de Bankia) solo es una bombona de oxígeno que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero que no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el Estado nacionalizando BFA, (lo que) supondrá un quebranto para los contribuyentes de unos 15.000 millones de euros", explicaba en uno de esos correos electrónicos.
Sin indicios de que participaran en la "supuesta estafa"
En su escrito, Andreu alega que las diligencias solicitadas por la CIC "no son pertinentes ni relevantes", así como tampoco lo es la unión de todos los correos electrónicos que pudiera haber enviado y recibido Casaus a lo largo de dos años; además, recuerda "el carácter confidencial y reservado que tienen las comunicaciones entre los funcionarios del Banco de España".
Por eso, no considera pertinente incluirlos para "una mejor investigación", en lo que sería "una causa general que en ningún caso puede aceptarse".
Del contenido de los correos no se desprende que los funcionarios del Banco de España y de la CNMV participasen de forma dolosa, por acción u omisión, en el delito que se investiga, indica el juez, haciendo suyos los argumentos anteriormente expuestos por el Fiscal.
Es inverosímil, prosigue, y no existe indicio alguno de que los directivos de ambos organismo participasen de forma consciente, voluntaria y material en la "supuesta estafa" a inversores, ni que tramaran un plan delictivo con los miembros del consejo de Bankia.
Ningún sistema de supervisión "puede ofrecer una garantía completa", dice el auto, de que no se produzcan "decisiones erróneas", que además no están tipificadas como delito por el código penal.