Bolivia retira el permiso de vuelo a la aerolínea Lamia y suspende a los responsables de aviación civil
- El Gobierno ha suspendido el permiso para operar de la compañía aérea
- Además, ha abierto dos investigaciones para averiguar si podía volar
- Un informe oficial filtrado señala varias deficiencias en el plan de vuelo
El Gobierno de Bolivia ha decidido este jueves retirar el permiso para operar a la aerolínea Lamia, propietaria del avión que se estrelló en Colombia cuando llevaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense, así como suspender a los responsables de los organismos supervisores de aviación civil, mientras se investiga si la aeronave estaba en condiciones de volar.
La suspensión afecta a las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el organismo encargado de la supervisión técnica de las aeronaves, y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), que aprueba los planes de vuelo, según ha anunciado en una rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.
“Mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos puedan ser suspendidos“
"No estamos responsabilizando a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos puedan ser suspendidos", ha argumentado Claros, que ha detallado que su departamento ha abierto dos investigaciones en torno al accidente: una sobre por qué se otorgó a Lamia una certificación como operador aéreo y si cumplía todos los requisitos; y otra sobre el capital de la empresa, sus accionistas y ejecutivos.
El ministro ha señalado, además, que el Gobierno está supervisando la investigación que, a su vez, ha abierto la DGAC sobre el accidente y "todos los eventos referidos a los permisos otorgados" para que el avión despegara el lunes desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia.
Posible falta de combustible
El Chapecoense, que viajaba a Medellín para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana ante en el Atlético Nacional, tuvo que recurrir a un vuelo alternativo después de que la autoridad de aviación civil de Brasil le impidiera desplazarse en un vuelo chárter directo. Así, la delegación voló con la compañía Boliviana de Aviación desde Sao Paulo hasta Santa Cruz, donde tomó un nuevo vuelo chárter operado por Lamia, que fue el que se estrelló a unos 17 kilómetros del aeródromo de Medellín.
En el accidente murieron 71 personas y solo seis de los ocupantes del avión pudieron sobrevivir, de los que dos se encuentran en estado grave. Sobre las causas de la tragedia, la hipótesis que gana peso entre los investigadores colombianos es la falta de combustible, después de que se haya constatado que en los restos de la aeronave no había carburante y que el piloto pidió poder aterrizar de emergencia alegando un "problema de combustible".
Con todo, Claros ha evitado cualquier especulación al respecto y ha recalcado que, por el momento, las autoridades bolivianas no tienen "la certeza de cuál ha sido la falla precisa" de la tragedia, por lo que están a la espera de las conclusiones del informe para actuar en consecuencia. "Como Gobierno, vamos a aplicar todo el peso de la ley en cuanto a responsabilidades siempre y cuando haya habido omisión de las mismas", ha remarcado el ministro.
En este sentido, ha confirmado que también se va a investigar si existe un parentesco entre uno de los ejecutivos de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y el director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, que, según los medios bolivianos, son padre e hijo. "Los resultados mostrarán qué tipo de relación ha existido [entre la DGAC y Lamia], parentescos, etcétera", ha comentado.
Un plan de vuelo deficiente
La decisión del Ejecutivo de Evo Morales tiene lugar después de que el diario boliviano El Deber publicara que, según un informe oficial, existían al menos cinco deficiencias en el plan de vuelo del avión siniestrado que deberían haber impedido que la aeronave despegara, si bien Claros ha asegurado en su comparecencia que no tienen "reporte hasta la fecha" de ese documento. El rotativo, en cualquier caso, publica algunos detalles de ese plan de vuelo, entregado por el despachador de Lamia, Álex Quispe, que murió en el accidente, a una funcionaria de la AASANA, Celia Castedo Monasterio, en el aeropuerto de Viru Viru.
Tras revisarlo, Castedo objetó que la autonomía de vuelo no era la adecuada, que hacía falta un plan alternativo, que el informe estaba mal cumplimentado y que era necesario hacer cambios. Con todo, según El Deber, la principal objeción se refería al tiempo de vuelo previsto entre Santa Cruz y el aeropuerto de Medellín (cuatro horas y 22 minutos), que era el mismo registrado para la autonomía de combustible que tenía el avión.
El documento describe la conversación que Castedo mantuvo con Quispe, quien defiende que el piloto de la aeronave, Miguel Quiroga, también fallecido en el accidente, le dio esa información, por lo que le asegura que tendrían tiempo para alcanzar su destino. La funcionaria de la AASANA incluyó en su informe la siguiente respuesta textual de Quispe a sus observaciones: "No, señora Celia, esa autonomía me han pasado, nos alcanza bien [...]. Así nomás lo presento, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe. Es así nomás, tranquila, eso está bien, ahí nomás déjemelo".
Aunque Castedo se negó a recibir el plan, el documento pasó finalmente a los encargados de controlar el vuelo en el área de Santa Cruz y, porteriormente, al control áereo nacional, hasta que el avión salió del país por la ciudad de Cobija, fronteriza con Brasil, siempre según El Deber.