Catalá sustituirá la figura del juez instructor por un fiscal investigador en los casos penales

• Para el ministro, es "inaplazable" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
• Defiende una nueva ley con instrucción del fiscal y juicio oral a continuación
• "La figura española del juez instructor es un anacronismo en Europa", señala

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que llevará a cabo una reforma para que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal, con lo que cree que se conseguirá más rapidez porque no habrá, como ocurre ahora, hasta tres investigaciones: la policial, la de instrucción y el juicio.

En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma del siglo XIX modificada en 75 ocasiones, es una "tarea inaplazable", empezando por el cambio en la figura que dirige la investigación para que sea el fiscal quien lo haga.

Catalá defendió la necesida de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que el fiscal instruya la causa, comience el juicio oral en cuanto termine la fase de investigación inicial y se concentren las pruebas en esta segunda fase.

El fiscal contaría con un juez de garantías que "aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras, autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar medidas cautelares personales y reales".

Esto daría, ha opinado, agilidad al proceso, ya que no se daría el caso, como ocurre ahora, de que "hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: policía, instrucción y juicio" y pruebas que se practican dos veces, lo que es, a su juicio, "poco razonable, dilatorio y antieconómico".

"El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'", ha indicado.

Y para llevar a cabo esta reforma, ha añadido, habría que dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto, lo cual el Gobierno está dispuesto a abordar.

Agilidad a los procesos

Con todo ello, se daría agilidad al proceso y facilitaría celebrar los juicios de forma más rápida una vez se consigue obtener pruebas contra el investigado.

"La celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y antieconómico", ha apuntado.

Otra de las fórmulas para conseguir un proceso más rápido sería, ha afirmado el ministro, mejorar las tareas de coordinación policial: "Es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal".

En la reforma de la ley procesal debería tratarse asimismo el papel de la policía judicial en la investigación de los delitos, los derechos procesales de investigados y víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.

Una subcomisión para una reforma "integral" de la justicia

El ministro de Justicia calificó de "inaplazable" la reforma de este ámbito con una "transformación integral" que no requiera "más parches ni zurcidos" para poder acometer su papel en el siglo XXI.

"Hay muchas cosas por cambiar, y probablemente todos sabemos cuáles son", añadió, diciendo que "merece la pena intentarlo" y que todos los partidos coinciden en la base, en el "hacia dónde" y el "para qué", destacando que la Comisión de Justicia es el marco perfecto donde se ha de crear una subcomisión a tal efecto, con seis meses de plazo para trabajar en ello, antes de introducirse en los detalles.

Como premisas, ha citado que se habrá de contar con profesionales de la Justicia y que se ha de hacer un seguimiento medible de los resultados. Y, como retos, lograr una justicia más ágil, con transformación digital, más rigurosa, basada en los profesionales, impartida para los ciudadanos y fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción.

Reforzar la autonomía de los fiscales

Ante la iniciativa del ministro de Justicia, las asociaciones de jueces exigen que, antes de dar a los fiscales la instrucción de las causas judiciales, se garantice la independencia de su actuación, algo con lo que también están de acuerdo las organizaciones de fiscales, favorables a asumir la instrucción de los procedimientos, pero reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, ha manifestado que en España la cuestión se resolvió cuando se estableció que el juez instructor jamás puede intervenir en el enjuiciamiento de la causa.

Ha añadido que la investigación a cargo del fiscal es un modelo que está en vigor en la mayor parte de países pero requiere de una modificación profunda de esquemas procesales y de la misma concepción del Ministerio Fiscal, dado que según su actual estatuto no participa del principio de independencia como los jueces sino del de unidad.

En ese sentido, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, cree que no sería necesario reformar la Constitución y que el fiscal general del Estado podría seguir siendo nombrado por el Gobierno, pero sí habría que retocar el modelo de jerarquía en el seno de la carrera fiscal cambiando aspectos de su estatuto para que la incidencia del Ejecutivo fuera mínima.