Bankia afirma que "todo lo relacionado con las tarjetas era opaco, destinado a que nadie supiese nada"

• El FROB y Bankia defienden ser perjudicados en exclusiva del uso de las tarjetas
• El letrado de Bankia pide tres años de prisión para Miguel Blesa y Rodrigo Rato
• La acusación popular, por su parte, mantiene su petición de diez años de cárcel

Los expresidentes de Bankia y Caja Madrid, Rato y Blesa, se sientan en el banquillo.

El abogado de Bankia, que ejerce la acusación particular en el juicio contra Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros 63 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid, ha afirmado este miércoles que todo lo relacionado con estas visas era "opaco, subrepticio y atípico" y destinado a que "nadie supiese nada".

En su exposición de motivos, el letrado de la entidad, Joaquín Burkhalter, quien pide tres años de cárcel para Blesa y Rato, ha denunciado ante la Audiencia Nacional que, pese a que los exdirectivos estaban obligados a velar por el patrimonio de Caja Madrid, las utilizaron para beneficio personal y "guardaron absoluto silencio" sobre esta práctica.

Además ha dicho que Blesa y su número dos en la caja extinta, el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, son los "verdaderos artífices" de esta práctica y a ellos les corresponde el "mayor protagonismo y por tanto reproche".

A su juicio "ninguno" de los implicados en el proceso ha conseguido acreditar que los gastos efectuados por los plásticos fueran en función de su actividad dentro de la caja extinta sino que eran "puramente para gastos personales en restaurantes, bares, grandes superficies, joyas, obras de arte, farmacia, enseres domésticos, libros, etc".

Por lo que respecta al tratamiento fiscal de los gastos, Burkhalter ha asegurado que no es creíble que, en estos años, los acusados, entre los que hay "profesores, avezados empresarios e inspectores de Hacienda" no advirtiesen que no estaban incluidas las retenciones en su certificado de haberes.

Bankia y el FROB se atribuyen el papel de perjudicados en exclusiva

Tanto el abogado de Bankia como el del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también ejercer la acusación particular en el juicio, se han atribuido este miércoles de forma excluyente el papel de perjudicados por las 'tarjetas black' y por lo tanto el de beneficiarios, de los importes desembolsados de las visas (12,5 millones entre 2003 y 2012) una vez que sean recuperados.

El letrado del FROB, Fernando Aizpún, ha explicado que debe ser este organismo quien perciba estas cantidades puesto que es "la entidad perjudicada" y quien saneó "con fondos públicos" y "por imperativo legal" la caja "para preservar la estabilidad del sistema financiero" con más de 22.000 millones de euros.

En el mismo sentido se ha manifestado el abogado de Bankia, pero defendiendo que es la entidad financiera, como heredera legal de Caja Madrid, a la que deben restituirse los fondos.

Por su parte, el letrado del BFA -Banco Financiero y de Ahorros que nació de la fusión de siete cajas, entre ellas Caja Madrid- ha expuesto que es a Bankia a la que debería devolvérsele lo gastado irregularmente con las visas.

"Decir que los gastos no afectan al balance es un error. El resultado del ejercicio, ingresos menos gastos, va al patrimonio neto", ha expuesto Alberto Gómez Fraga, letrado de la matriz de Bankia y que también ejerce la acusación particular en este juicio de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal.

El FROB ve demostrado que el sistema de las tarjetas era ilegal

Durante su intervención, Aizpún abogado del FROB, que ha tratado de abreviar "para regocijo de los acusados", ha refutado los argumentos expuestos por los abogados defensores y ha hecho suya la "prolija y minuciosa" exposición que hizo el pasado lunes el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluido lo relativo a una reducción de las penas para los acusados que consignaron los importes gastados, salvo los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

En su opinión, ha quedado claro que el sistema de estas tarjetas era ilegal, y no estaba soportado por ningún argumento jurídico ni por los estatutos de la caja.

En concreto se ha referido a las pruebas aportadas por Bankia, que también ejerce la acusación particular, y ha dicho que la hoja de excel -principal prueba incriminatoria puesta en duda por las defensas- en la que se recoge el desglose de gastos de los 65 encausados está legítimamente obtenida e incluye información "fiable, auténtica y exacta" sobre las compras que cargaron a sus plásticos con un monto total de 15,5 millones de euros desde 2003 hasta 2012.

"No hay manipulación ni intervención humana" en la elaboración de la prueba pericial, según ha dicho Aizpún desmintiendo así a los exaltos cargos y directivos que alegaron que la tabla contenía errores y adjuntaban gastos simultáneos.

El abogado del FROB ha querido destacar el "protagonismo" en el mantenimiento del sistema de las tarjetas tanto del expresidente Miguel Blesa como, en menor medida, la de Rodrigo Rato, así como la "necesaria cooperación" por parte del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj.

La acusación popular pide 10 años para Blesa y Rato

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Confederación Sindical de Crédito (CIC) en la causa de las tarjetas 'black' ha mantenido ante el tribunal de la Audiencia Nacional la petición de las mayores penas de prisión para Miguel Blesa y Rodrigo Rato -diez años para cada uno en calidad de presidentes de Caja Madrid- por haber permitido que los 63 encausados restantes se apropiaran de las cantidades cargadas al sistema de tarjetas que ha calificado de "perverso y arbitrario".

Herzog, ha señalado en la exposición de conclusiones que las defensas han seguido una estrategia a lo largo del proceso judicial basada en "complicar" una realidad mucho más sencilla de lo aparente y que se recoge en el informe de auditoria elaborado por Bankia y aportado a la causa que determina que estas tarjetas fueron opacas y emitidas al margen del circuito legal de la caja.

No obstante ha establecido una "nítida separación" entre Blesa, Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj -a quienes considera responsables del ilícito penal de apropiación indebida y administración desleal- del resto de beneficiarios de las visas a los que les atribuye

únicamente delito de apropiación indebida solicitando una pena de prisión que puede modificarse en función de las circunstancias concurrentes, como es la atenuante de reparación del daño.