El rechazo a dar visado a una familia de Alepo abre una crisis política en Bélgica
- La negativa del secretario de Estado de Asilo desafía una decisión judicial
- La Justicia belga ha multado al Estado con 4.000 euros al día hasta que cumpla
- Una familia belga ha aceptado la acogida de un matrimonio con dos hijos pequeños
La negativa del secretario de Estado belga de Asilo, Theo Francken, a conceder visados humanitarios a una familia siria que intenta salir de Alepo, en contra de la opinión de los jueces, ha iniciado una crisis política en Bélgica, además de preocupar al poder judicial, amenaza con desestabilizar el gobierno de derechas liderado por Charles Michel.
El origen de la polémica es el rechazo por parte de Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, a otorgar visados a una familia siria de Alepo con dos hijos de cinco y ocho años, pese a que una familia belga de Namur, en el sur del país, ha aceptado su acogida. Su decisión aboca a esta familia siria a seguir en Alepo en medio del asalto del régimen a la ciudad o a huir a través de una peligrosa ruta en la que ya han fallecido miles de compatriotas.
La Justicia del país considera que el Estado belga está obligado a otorgar un visado a la familia siria.
Multa de 4.000 euros al día al Estado belga
La primera decisión judicial al respecto la emitió el Consejo de Contenciosos en materia de Inmigración el pasado 20 de octubre y ha sido después ratificada por otras dos instancias judiciales. Sin embargo, el secretario de Estado cree que dar esos documentos crearía un "precedente peligroso" que haría perder a Bélgica "el control de sus fronteras".
Como consecuencia, la Justicia reclama ahora al Estado belga una multa de 1.000 euros por cada miembro de la familia y cada día que pase sin que se ejecute la decisión judicial (es decir, 4.000 euros al día), aunque Francken ha advertido de que recurrirá a todas las vías legales existentes para no pagar la multa.
El secretario de Estado belga de Asilo, Theo Francke, en el último consejo de Interior en la Unión Europea en Bruselas. AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND
Críticas de la oposición
Muchos políticos de la oposición han mostrado su rechazo a la actitud del secretario de Asilo.
"Esperamos que se ajuste a una decisión de la Justicia, como cualquier ciudadano", dijo hace unos días la socialista francófona Julie Fernández-Fernández.
“Es un ataque inaceptable a nuestro Estado de derecho“
El presidente de Valonia, el socialista Paul Magnette, llegó a anular recientemente una reunión con Francken como señal de ese rechazo.
La N-VA "está atacando a los jueces en general y los presenta como adversarios políticos. Este es un ataque inaceptable a nuestro Estado de derecho", ha dicho Elio Di Rupo, jefe de la oposición socialista francesa y antecesor de Charles Michel.
El último capítulo de la polémica ocurrió este martes, cuando un agente judicial se personó en el despacho del secretario, para reclamarle la multa impuesta.
Apoyo del partido nacionalista flamenco
Sin embargo, Francken cuenta con el apoyo de su partido, el N-VA, que es la principal formación de la coalición de gobierno en Bélgica. Así, varios miembros prominentes del partido, entre ellos su líder y alcalde de Amberes, Bart De Wever, han inundado las redes sociales con el hashtag #IkSteunTheo (#YoApoyoaTeo).
La formación independentistas y conservadora, que se enfrenta a una subida en las encuestas del partido de extrema derecha Vlaams Belang (Interés Flamenco), ha respaldado sus mensajes que contienen consignas de un tono inusual en Bélgica: "Basta de sanciones y jueces alejados de la realidad. No hay documentos belgas para cada solicitante de asilo en el mundo".
Un ataque sin precedentes al poder judicial
Por su parte, el colegio del Ministerio público belga ha denunciado en un comunicado las declaraciones de Francken, al considerar que suponen un ataque a la separación de poderes, así como la campaña lanzada por el N-VA en apoyo del secretario de Asilo en las redes sociales.
Además, ha recordado que las reglas del Estado de derecho "se aplican a todos" y que el poder ejecutivo no puede inmiscuirse en las decisiones de la justicia ni cuestionar la imparcialidad de los miembros del poder judicial.
El consejo para asuntos extranjeros ha apelado a la justicia europea. Se espera que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre este caso en un periodo de entre tres y cinco meses y su decisión podría crear un precedente jurídico para el restos de países de la UE.
Charles Michel ha llamado a la calma, pero los otros dos partidos flamencos de su coalición, los democristianos del CD & V y los liberales Open VLD, consideran que la actitud de la N-VA equivale a "negar el Estado de derecho". Y piden responsabilidades.
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