Artur Mas, Ortega y Rigau piden que Rajoy y Catalá declaren como testigos por el 9N

• Así lo solicitan en sus escritos de defensa presentados ante el TSJC
• Este tribunal decidió enviar a juicio a Mas por desobediencia y prevaricación
• La defensa de Mas alude a la "pasividad" del Estado en el 9N

El expresident catalán Artur Mas, junto a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega

La defensa del expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau proponen que declaren como testigos en el juicio por la consulta del 9N el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Así lo solicitan en sus respectivos escritos de defensa presentados este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los que ha tenido acceso Efe.

Este tribunal decidió enviar a Artur Mas a juicio por desobediencia y prevaricación en torno a dicha consulta soberanista. Además, la Fiscalía solicitó una inhabilitación de diez años para el expresident y de nueve años para las exconselleras Ortega y Rigau.

Los tres acusados de desobedecer al Constitucional piden que Rajoy y Catalá testifiquen en el juicio por sus declaraciones públicas en las que, en su opinión, minimizaron la importancia jurídica de la consulta independentista.

Los letrados de Mas, Ortega y Rigau insisten en su tesis de que los miembros del Govern no desobedecieron al TC, dado que no recibieron ningún requerimiento expreso por parte del alto tribunal para suspender la consulta.

La defensa alude a la "actitud pasiva" del Estado

Con esos testigos, los letrados pretenden avalar una de sus principales líneas de defensa, la "actitud pasiva" que a su parecer mantuvo la Abogacía del Estado al no instar la ejecución de la orden de suspensión de la consulta independentista que el Constitucional dictó el 4 de noviembre de 2014.

En su escrito presentado al TSJC y al que ha accedido Efe, las defensas también ven "inexplicable" la actitud del TC, por no haber contestado hasta el 4 de diciembre -casi un mes después de la consulta- el requerimiento que la Generalitat le envió el 7 de noviembre para que le aclarara el alcance exacto de la providencia en que suspendió el 9N ante su "vaguedad".

En concreto, los abogados de Mas -Xavier Melero-, Ortega -Rafael Entrena- y Rigau -Jordi Pina- aducen que en el 9N "nunca se convocó oficialmente a la ciudadanía, sino que se le dio la oportunidad de organizar y tomar parte de un proceso participativo que se acabó realizando gracias a la intervención de miles de voluntarios".

De hecho, mantiene el escrito de defensa de Mas, el 9 de noviembre "no se celebró lo que se suspendió: un procedimiento participativo oficial, promovido por la Generalitat y capaz de generar algún efecto más allá de la constatación de un determinado estado de opinión respecto a una cuestión política".

El Govern se limitó a "velar por la seguridad"

Para la defensa de Mas, señala el escrito de defensa, el Gobierno catalán se limitó a cumplir con su obligación de "velar por que la jornada se viviera de la manera más segura posible" y el hecho de que el expresidente catalán saliera a "dar tranquilidad de los voluntarios" es "un acto que le honra y que no se puede considerar indicador de responsabilidad penal".

Las defensas alegan asimismo que, una vez la consulta fue suspendida, la Generalitat no podía detener el proceso dado que las actuaciones administrativas encaminadas a su organización habían finalizado y su "ejecución" quedó "en manos de los voluntarios".

Otro de los principales argumentos de la defensa es que el TC no dirigió una "notificación personal" de su resolución a los encausados para asegurarse que tenían "conocimiento efectivo de la misma y recuerda que en el "caso Atutxa" hubo "tres requerimientos expresos a la Mesa del Parlamento Vasco para que disolviera al grupo parlamentario" de Batasuna.

Testigos que solicitan las defensas

Además de Rajoy y Catalá, las defensas piden al TSJC que cite como testigos para el juicio al exconseller de Presidencia Francesc Homs -ahora portavoz en el Congreso del PDECat y al que el Supremo también investiga por su papel en el 9N- y a los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol.

Otros testigos que proponen los letrados son Carles Viver i Pi-Sunyer, que fue presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y el que fuera alcalde de Barcelona durante el 9N, Xavier Trias.