El País Vasco alcanza la "matrícula de honor" en transparencia y todas las autonomías mejoran

• Según el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016
• Trece autonomías alcanzan el sobresaliente y las cuatro restantes el notable
• El principal escollo se mantiene en las contrataciones

Playa de La Concha, en San Sebastián.

El País Vasco es la comunidad autónoma más transparente, según un informe de Transparencia Internacional (TI) España, que destaca que todas las autonomías han mejorado a la hora de atender las demandas de acceso a la información y cumplen ahora en mayor medida con el derecho a saber de los ciudadanos.

Así lo recoge el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016, que se sitúa de manera global en una media de 94 sobre 100, cuando en el anterior informe, de 2014, era de 88,6.

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha sido el encargado de presentar el informe en rueda de prensa, acompañado por los miembros del comité ejecutivo de esta institución Manuel Villoria, Elena Herrero-Beaumont y Jesús Sánchez Lambás.

Lizcano ha subrayado que hay trece comunidades que tienen un "sobresaliente" (al menos 90) en transparencia, mientras que las cuatro restantes se quedan con un "notable" (alrededor de 80).

De hecho, el País Vasco tiene "matrícula de honor", con 100, en tanto que Navarra, la menos transparente de todas, se queda en 81,9.

El área con menor puntuación de todas las estudiadas es el de transparencia en las contrataciones, que llega a una nota de 89,6, mientras que la más valorada es la de relaciones con los ciudadanos y la sociedad, que se eleva hasta 95,6.

Lambás ha enfatizado que los datos constituyen una radiografía de la crisis económica, política y social que ha vivido España en los últimos años y que se puede constatar el "salto monstruoso" que ha habido en cuanto a mejoría en la transparencia desde hace seis años.

Fraude en las contrataciones

La "mancha negra", a su juicio, sigue estando en las contrataciones, hasta el punto de que hay estudios "muy rigurosos" que apuntan a que el volumen de fraude en este campo llega a los 48.000 millones de euros al año, mayor que el fraude fiscal de varios años juntos.

Villoria, no obstante, ha precisado que no todo ese volumen de dinero tiene por qué ser corrupción, sino que a veces es despilfarro o incompetencia.

Ahora bien, todos ellos han coincidido en apuntar que cuanto mayor es el nivel de transparencia en la actuación de las administraciones, más difícil es que se malgasten los recursos o que haya casos de corrupción.

El INCAU, que llega a su cuarta edición, ofrece datos sobre transparencia global y seis áreas de gobierno: comunidad autónoma; ciudadanos y sociedad; económico-financiera; contratación de servicios, obras y suministros; transparencia en materia de ordenación del territorio y Ley de Transparencia.

Tras País Vasco, en orden de transparencia se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, las tres con una puntuación de 98,1, seguidas de La Rioja (97,5), Murcia (96,9), Andalucía (96,3) y Canarias y Cantabria (95).

Castilla y León y Comunidad Valenciana (94,4), Asturias (93,8), Galicia (91,1), Castilla-La Mancha (90,6), Aragón (88,8), Extremadura (88,1) y la ya citada Navarra (81,9) completan el ránking.

De forma experimental, este año se ha introducido en el INCAU un análisis adicional de carácter cualitativo de 10 de los 80 indicadores que tiene el índice.

En virtud de este estudio se han agrupado las comunidades en cuatro categorías, desde las que publican la información con un muy alto nivel de calidad, de forma fácilmente accesible y de manera periódica (Cataluña, Murcia y País Vasco), hasta las que tienen un nivel "mejorable", como Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.

Buenas prácticas y prevención de la corrupción

TI ha presentado también un informe sobre "Propuestas de buenas prácticas y prevención de la corrupción en el sector financiero".

Plantea, por ejemplo, gravar más las operaciones con paraísos fiscales, exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cumplimiento estricto de su obligación de prevenir el blanqueo de capitales.

Del mismo modo, sugiere que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales esté compuesta por personal técnico cualificado e independiente y no por altos cargos de la administración designados políticamente.