Irlanda acusa a la Comisión Europea de parcialidad y abuso de poder por exigir a Apple que pague 13.000 millones

• La Comisión Europea pide a Dublín que reclame 13.000 millones en impuestos
• Irlanda defiende su fiscalidad y rechaza que sean ilegales sus ayudas públicas
• Tim Cook considera que la decisión del Ejecutivo marca su relación con Europa

Logotipo de Apple en una imagen de archivo.

El Gobierno de Irlanda acusa a la Comisión Europea de parcialidad y abuso de poder al exigir al país que reclame a Apple 13.000 millones de euros más intereses por impuestos impagados al amparo de ventajas fiscales que Bruselas considera ilegales.

En las líneas maestras de su apelación conocidas este lunes, Dublín sostiene que Bruselas "ha excedido sus poderes" y no ha cumplido su obligación de actuar con imparcialidad.

La decisión de la Comisión Europea, anunciada el pasado 30 de agosto, reclamaba a la multinacional estadounidense que devuelva 13.000 millones de euros, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.

A este respecto, el Ministerio de Finanzas de Irlanda señala que el Gobierno irlandés "no acepta el análisis de la Comisión" y defiende que el país no ofreció un tratamiento fiscal favorable a Apple, añadiendo que "Irlanda no hace tratos con los contribuyentes".

"Irlanda no acepta el análisis de la Comisión, por eso hemos presentado una solicitud ante el Tribunal General de la UE para que anule la totalidad de la decisión", apunta el Ministerio irlandés.

Intento de "reescribir las leyes fiscales"

Entre los argumentos esgrimidos por Irlanda, cuya apelación fue registrada el pasado 9 de noviembre ante el Tribunal General de Justicia de la UE, Dublín acusa a la Comisión de haber aplicado mal la legislación sobre ayudas estatales en un intento de "reescribir las leyes fiscales irlandesas para empresas".

De hecho, el Ministerio irlandés de Finanzas considera que Bruselas no siguió los procedimientos requeridos, "vulnerando el deber de buena administración al no actuar imparcialmente y de acuerdo con la diligencia debida".

"La Comisión ha excedido sus poderes e interferido con la soberanía fiscal nacional", añade el Gobierno irlandés, que acusa a Bruselas de infringir los principios de seguridad jurídica y confianza legítima invocando presuntas normas de derecho comunitario nunca identificadas previamente, señalando la invocación de documentos de la OCDE de 2010 que no podrían haber sido previstos en 1991 o 2007.

En este sentido, Dublín sostiene que la Comisión Europea no ha justificado de manera apropiada su decisión, vulnerando de forma manifiesta su obligación de proporcionar una enunciación clara e inequívoca de las razones para su decisión al "invocar simultáneamente escenarios fácticos manifiestamente divergentes" e incurriendo en contradicciones sobre el origen de la norma que afirma que Irlanda infringió.

En una carta publicada por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, tras conocerse la decisión de la Comisión Europea, el máximo ejecutivo de la multinacional advertía de que Bruselas había iniciado una campaña para "reescribir la historia de Apple en Europa, ignorar las leyes fiscales de Irlanda y de paso cambiar radicalmente el sistema internacional en materia tributaria".