El Gobierno no se cierra a quitar aforamientos pero pide delimitarlo y acompasarlo con otras leyes

• Rivera defiende suprimir los aforamientos políticos recogidos en la Constitución
• Santamaría enfría la pretensión de hacerlo con una reforma "exprés" en 2017
• La vicepresidenta recuerda que ir más allá requiere cambiar muchas leyes
• Justifica los vetos a iniciativas de la oposición porque costarían 15.000 millones

Rivera defiende suprimir los aforamientos políticos recogidos en la Constitución y el Gobierno matiza su alcance

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este miércoles que, en virtud del acuerdo con Ciudadanos para eliminar aforamientos políticos, el Ejecutivo no se cierra a la reforma constitucional que eso exigiría. Sin embargo, ve necesario delimitar a qué delitos afectaría y, además, "acompasar" esa reforma con otros cambios legislativos, así como hacer un proceso paralelo en las comunidades autónomas.

Así ha respondido en el Pleno del Congreso, durante la última sesión de control del año, a una pregunta formulada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. El líder de la formación naranja le ha pedido que aclare "cómo piensa afrontar" el Ejecutivo la "reforma constitucional exprés" necesaria para cumplir el punto 94 del acuerdo de investidura que ambos partidos firmaron en agosto.

Ese punto prevé la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos", una medida que implicaría cambios en el los artículos 71 y 102 de la Constitución, que establecen que los diputados y senadores y los miembros del Gobierno responderán de sus posibles delitos ante el Tribunal Supremo, no ante un juez de primera instancia.

Rivera pide la reforma para el primer trimestre de 2017

Rivera ha insistido en que la supresión de los aforamientos políticos es fundamental para empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, al impedir que los políticos se puedan "atornillar al escaño para ir a un tribunal especial", algo que considera un "privilegio".

A su juicio, esa reforma constitucional se debería llevar a cabo "en el primer trimestre" de 2017. "No hace falta tardar tres años para suprimir los aforamientos", ha subrayado, recordando que en 2011 se cambió el artículo 135 por un procedimiento rápido y expresando su esperanza de que Podemos no se oponga.

La vicepresidenta ha contestado que, si bien el Gobierno no ha impulsado nunca ningún proyecto de reforma de la Carta Magna, "el PP cumple sus compromisos", también el contraído con Ciudadanos respecto a los políticos aforados.

"Además, estas Cámaras ya nos establecieron ese compromiso en una ley de marzo de 2015 que tenemos que cumplir", ha agregado.

Hasta dónde llegar con la supresión de aforamientos

Sin embargo, ha señalado que con la modificación constitucional que defiende Ciudadanos solo se suprimirían 650 de los 2.000 aforamientos, los diputados (los senadores y los miembros del Gobierno central), ya que hay otros que están contemplados en los Estatutos de las comunidades autónomas y en otras leyes relativas a distintas instituciones públicas.

"Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, pero luego tenemos 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", así que "con la reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos, pero nos quedan el resto hasta llegar a 2.000", ha explicado la vicepresidenta.

En este sentido, ha defendido que habrá que "analizar y acompasar" la reforma de la Carta Magna con la modificación de "19 Estatutos de autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley del Defensor del Pueblo y otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial".

Además, Sáenz de Santamaría ha afirmado que los distintos partidos se tendrán que poner de acuerdo para definir si se van a eliminar los aforamientos "para todos los delitos o solo para los no relacionados con la vida pública". También "tendremos que definir qué se entiende por delitos de la vida pública", ha manifestado.

Por último, ha indicado la necesidad de "acompasar, al menos en lo que se refiere a los miembros del Gobierno, otros órdenes jurisdiccionales como es el contencioso administrativo", dado que la jurisdicción penal es preferente.

El Gobierno justifica sus vetos a la oposición

Por otra partre, el Gobierno ha justificado los vetos que ha impuesto a las más diversas iniciativas planteadas por la oposición en el Congreso desde el inicio de la legislatura porque, según asegura, supondrían un coste de más de 15.000 millones de euros, la mitad de los recursos de todos los ministerios, y "alguien tiene que ser responsable".

El Gobierno justifica sus vetos a iniciativas de la oposición porque costarían más de 15.000 millones

Esa es la respuesta que ha dado Sáenz de Santamaría a la secretaria general de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, quien le ha preguntado si el Ejecutivo va a convertir "un acto excepcional" como los vetos en una regla que, a su juicio, "secuestra" la función legislativa de la Cámara.

Bescansa denunció que en los últimos 50 días el Gobierno ha vetado 14 proposiciones de ley de los grupos, a una media de una cada tres días, algo sin precedentes en el Parlamento y que no tiene más explicación que el intento de utilizar la Constitución como "pala con la que cavar la última trinchera" que permite al PP seguir gobernando como si tuviera mayoría absoluta aunque no la tenga.

La ministra de la Presidencia ha querido dejar claro que el Ejecutivo "no secuestra nada" y ha apuntado que si ha censurado proposiciones de ley de la oposición es porque tratar de preservar los 15.000 millones de euros que supondrían aplicar las propuestas planteadas.

"Y alguien tiene que ser responsable; en este caso será el Gobierno del PP", ha remachado, insistiendo en que el exceso de gasto de anteriores Ejecutivos llevaron a España a estar "al borde del rescate".