La Justicia argentina procesa a Cristina Fernández por un presunto fraude en la concesión de obra pública

• El juez también ha ordenado embargar a la expresidenta 615 millones de euros
• Fernández está ya procesada por la venta irregular de divisas del Banco Central
• Sin embargo, es la primera vez que tendrá que ir a juicio por corrupción

La expresidenta argentina Cristina Fernández será juzgada por un caso de corrupción

La Justicia argentina ha decidido procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato. Fernández ya ha sido procesada en el caso que examina las irregularidades en la venta de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina, por lo que está será la segunda causa en la que tendrá que ir a juicio, si bien es la primera por corrupción.

En este caso, el juez Julián Ercolini investiga un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, un conglomerado propiedad del empresario Lázaro Báez, cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero, que habría perjudicado a las arcas del Estado.

El magistrado ha ordenado, además, el embargo de 10.000 millones de pesos (unos 615 millones de euros) de la expresidenta, que ya declaró como investigada por este caso el pasado mes de octubre, cuando se dijo víctima de "una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" puesta en marcha por el Gobierno de Mauricio Macri para, en su opinión, "tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina".

La Justicia argentina procesa a la expresidenta Cristina Fernández

Varios altos cargos implicados

Ercolini también ha decidido procesar, en el marco de esta causa, al propio Lázaro Báez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido in fraganti cuando trataba de esconder casi nueve millones de dólares en un convento.

Durante la instrucción, la Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que señalaba indicios de un supuesto plan para realizar obras públicas millonarias en la provincia de Santa Cruz, el feudo del kirchnerismo en el sur del país, que habrían beneficiado a Báez.

Ahora, en una extensa resolución de casi 800 páginas, el juez ordena el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

La expresidenta argentina Cristina Fernández atiende a la prensa tras declarar el pasado mes de octubre. EFE

Una asociación para apropiarse de los fondos destinados a carreteras

El magistrado señala que "se encuentra acreditado" que los procesados, incluida la expresidenta, "y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada" formaron parte de una asociación que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

El dictamen remarca que esa asociación estaba "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Además de Fernández, De Vido, López y Báez, el juez implica en la trama al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, y al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, que también serán procesados.

En el caso de la ex jefa de Estado, Ercolini señala que "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país".

Nuevo traspiés judicial para Fernández de Kirchner

Sus abogados aseguran que era "esperable"

Tras publicarse el dictamen judicial, el equipo legal de Fernández ha restado importancia a la resolución: "Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008, han pasado dos periodos constitucionales, nunca la han llamado a [una declaración] indagatoria en estos dos periodos y ahora que está el Gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan", criticaba Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta.

Galbón ha insistido, en línea con lo defendido por Fernández, que el proceso "es típico de una persecución absolutamente política y judicial" y ha adelantado que "posiblemente" recurrirán ante la Cámara Federal. De hecho, el letrado ha estimado que lo expuesto por Ercolini es "de una calidad realmente paupérrima" y supone tomar "livianamente" el procesamiento de una expresidenta, lo que en su opinión puede ser objeto de sanción hacia el magistrado.

La diputada Elisa Carrió, que en 2008, cuando estaba en la oposición, participó en la interposición de la denuncia que ha dado origen a esta causa, ha subrayado a través de Twitter que "se empieza a hacer Justicia".