Finlandia reparte una renta básica de 560 euros al mes durante dos años de forma experimental

• Los 2.000 beneficiarios seguirán cobrando esa cifra en caso de hallar empleo
• El proyecto, que empieza este mes, analiza cómo rediseñar su seguridad social
• El reto, afrontar los cambios del mercado laboral y promover la actividad

Imagen de archivo de una fábrica de Finlandia.

Finlandia examina desde este enero la utilidad de implantar una renta básica en el país. Para ello, la Seguridad Social del país nórdico (Kela) ha elegido a un grupo de 2.000 ciudadanos entre los desempleados para que desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018 perciban 560 euros al mes libres de impuestos.

El proyecto piloto contempla que, en caso de periodos inferiores a un mes, los participantes cobrarán 18,67 euros por día. Los candidatos seleccionados, que tienen la obligación de participar en el programa de forma obligatoria, deben renunciar -si lo percibieran- a su subsidio de desempleo. Sin embargo, tener la renta básica no afectará a otros beneficios que pudieran tener.

Esta cantidad (los 560 euros) se mantendrá invariable durante la duración de la prueba y no será reducida por ningún otro ingreso que los beneficiarios pudiesen obtener. De hecho, en caso de encontrar empleo, los participantes seguirán cobrando esta renta básica, aunque una cantidad equivalente se les deduciría del cobro de determinados beneficios sociales.

Los 2.000 ciudadanos participantes en el experimento fueron, con algunas excepciones, elegidos aleatoriamente entre un grupo objetivo de 175.000 personas de entre 25 y 58 años que recibieron el pasado mes de noviembre algún tipo de subsidio o pensión por desempleo por razones distintas de una baja temporal y que no cobraban prestación por paro.

Según la Seguridad Social de Finlandia (Kela), el 48% de los beneficiarios de la renta básica serán mujeres y el 52% hombres. Un 30% tiene edades comprendidas entre los 25 y 34 años, el 29% entre 35 y 44 años, y el 41% restante entre 45 y 58 años.

Busca cómo rediseñar el sistema de seguridad social

Marjukka Turunen, responsable legal de la Seguridad Social finlandesa, ha asegurado que los participantes deberán comunicar aquellos beneficios o restricciones que impidieran el cobro, como iniciar el servicio militar, empezar a cobrar una pensión o mudarse fuera del país (esas bajas no serán sustituidas por otras). Más allá de eso, los beneficiarios de esta renta básica -que recibirán el primer pago de 560 euros el próximo 9 de enero de manera automática- no tendrán que contactar o someterse al control de Kela.

Durante los dos años previstos se supervisará su evolución a través de los datos registrados, por lo que no someterá a controles a los participantes para averiguar su situación laboral. "Se dejará en paz a los participantes en el estudio de población durante el experimento. Kela no les llamará regularmente para preguntarles su situación laboral, que, en su lugar, será monitorizada mediante los datos registrados", ha añadido Turunen.

Kela ha explicado que mediante este proyecto pretende analizar cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para afrontar los cambios del mercado laboral y cómo podría hacerse que promoviera la participación activa, proporcionando mayores incentivos para trabajar, así como reduciendo la burocracia y simplificando el sistema de subsidios.

De hecho, la institución espera que los participantes en el estudio estarán motivados para encontrar un trabajo temporal o a tiempo parcial. Según Eurostat, Finlandia tenía una tasa de paro del 8,8% el pasado mes de noviembre.

Los suizos rechazaron una medida similar en referéndum

El pasado mes de junio de 2016, los suizos rechazaron en referéndum una iniciativa popular para instaurar una renta mínima mensual de unos 2.300 euros. La iniciativa garantizaba un ingreso para todos los residentes en Suiza, durante toda la vida, aunque solo en la medida en que la persona no dispusiese de un ingreso mensual equivalente.

La argumentación de la iniciativa indicaba que su objetivo era reducir la inequidad en un periodo en el que las diferencias salariales se disparan y la automatización está haciendo desaparecer numerosos empleos. Ningún partido político apoyó entonces abiertamente la propuesta, que hubiera requerido de ingresos adicionales para las arcas públicas de más de 22.000 millones de euros al año.