El coste público de rescatar a la banca asciende a 60.718 millones, según el Tribunal de Cuentas

• El organismo ha analizado el periodo comprendido entre 2009 y 2015
• Los procesos más costosos, los de CatalunyaBanc y BFA-Bankia
• La factura final depende, en parte, de los esquemas de protección de activos
• El total de recursos públicos comprometidos asciende a 122.122 millones

Sucursal de Bankia.

El coste acumulado de los recursos públicos empleados en el rescate de la banca se situó, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros. Así lo ha hecho público este martes el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria durante el periodo 2009-2015.

El principal componente de este coste ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones de euros, explica el organismo. Destacan, como "procesos que han supuesto mayor coste", el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc (12.676 millones), BFA-Bankia (12.347 millones de euros), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas destaca que la estimación del coste del rescate bancario "no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración".

Además, recuerda el organismo que "para interpretar adecuadamente el dato de coste estimado al cierre de 2015, debe tenerse en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, como la venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe".

También ha recordado que la factura del rescate bancario dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015.

Los recursos públicos comprometidos superan los 122.000 millones

No obstante, el Tribunal de Cuentas aclara en su informe de fiscalización que "los recursos públicos comprometidos" en la reestructuración bancaria como consecuencia de las actuaciones realizadas solo entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros, si bien ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.

Al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un máximo de 85.965 millones, aunque el saldo vivo de la única emisión sin amortizar es de 1.059 millones.

Además, a 31 de diciembre de 2015 las emisiones de deuda sénior de Sareb, el banco malo, alcanzaban los 43.476 millones de euros, cantidad que está avalada por el Estado.

El análisis de fiscalización del organismo persigue verificar que las actuaciones del FROB, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España, como supervisor del sistema bancario, entre 2009 y 2015 se adecuan a la normativa. Además, trata de comprobar los mismos aspectos sobre las medidas de seguimiento y control de la ejecución de los procesos de reestructuración.

Observa algunas deficiencias del FROB

En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que, en líneas generales, la contratación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado "insuficiencias o deficiencias" de tipo formas en la tramitación de los contratos. Desde su punto de vista, este hecho ha impedido "que quedara acreditado el cumplimiento íntegro de los principios que rigen la contratación del FROB".

Así, destaca que el FROB "no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes" en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido "el cumplimiento sin restricciones" de la ley.

"Una interpretación menos restrictiva habría conducido al FROB a deducir y retener importes mayores de los efectivamente deducidos y retenidos en los casos de Caja Rural Comarcal Mota del Cuervo, CX y NCG. Al margen de los casos anteriores, los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego y del Banco de Valencia no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta de ambas entidades de un euro", precisa.

También indica que el FROB contrató a expertos independientes para elaborar las due diligence y la valoración de CEISS y Liberbank antes de que estas entidades solicitaran formalmente apoyo financiero. "Esta anticipación en la contratación de los estudios se aparta del criterio establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 y provocó que los informes recibidos por el FROB, que costaron en conjunto 1,4 millones de euros, fueran innecesarios", explica.

El Tribunal de Cuentas también incluye entre las deficiencias la contratación de una línea de crédito de disposición inmediata de 3.000 millones de euros por un periodo de dos años para atender situaciones de urgencia. Sin embargo, nunca llegó a realizar ninguna disposición de fondos, lo que le supuso un coste de 33 millones durante los años de vigencia.