Las defensas de varios acusados admiten que podrían haber cobrado cantidades de forma indebida

• Niegan que se les pueda acusar de apropiación indebida por usar las visas
• En todo caso, el cobro de cantidades de forma indebida, lo que implica multa
• Se reanuda el juicio de las tarjetas opacas tras el parón navideño

El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo.

Las defensas de varios de los acusados por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid han negado que sus defendidos hayan cometido delito alguno, en ningún caso administración desleal, sino el mero cobro de cantidades de forma indebida, lo que implica en todo caso una multa.

Así lo han explicado varios de los letrados de la defensa que han presentado este miércoles sus conclusiones, entre ellos Miguel Bajo, en representación del exvicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, y Enrique Bacigalupo, en nombre de Miguel Angel Abejón, Jose Acosta, Carmen Cafranga, Antonio Cámara, Francisco Perez Fernández, Antonio Rey de Viñas y Javier Sánchez.

Este miércoles se ha reanudado el juicio por las tarjetas opacas de Caja Madrid en la Audiencia Nacional. El proceso, que afronta su fase final con las alegaciones de las defensas, sienta en el banquillo a 65 exconsejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid -entre los que se encuentran los expresidentes de esta última entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato- acusados de un delito continuado de apropiación indebida.

Es "absurdo" acusar a Arturo Fernández de apropiación indebida

En la jornada de este miércoles, el abogado de Arturo Fernández ha asegurado que, en su opinión, es "absurdo" acusarle de apropiación indebida, ya que para que se dé el caso el bien debe poseerse previamente, e incorporarse a su patrimonio de modo ilegítimo; tiene que existir un título que acredite la propiedad legítima del bien, algo que no ocurre con una tarjeta ni con su saldo.

"En ningún momento, ni durante el periodo en el que fue consejero de Caja Madrid, apenas dos años, ni después, recibió Arturo Fernández comunicación alguna sobre obligaciones tributarias", ha explicado el letrado, que ha recalcado que "no hay pruebas de que no haya declarado a Hacienda las cantidades que gastó". Asimismo, ha recordado que devolvió el dinero gastado con su tarjeta, algo más de 37.000 euros.

Para el letrado, el que debía ser responsable en exclusiva de cualquier irregularidad con las tarjetas es el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, que no está acusado, pero al que, ha dicho, cabe atribuir la puesta en marcha de este sistema.

Bacigalupo: "No se ha demostrado que alguien haya recibido cantidad alguna"

En el mismo sentido se ha manifestado Bacigalupo, en defensa de siete acusados, que ha cargado duramente contra la prueba pericial estrella aportada por Bankia a la causa -que ejerce la acusación particular- y que desglosa los cargos efectuados con las tarjetas.

En su opinión, no se ha demostrado que alguien haya recibido cantidad alguna y que hubiera dolo, al tiempo que ha recordado que en ningún momento se les pidió que justificaran nada. "No han podido demostrar qué gastos realizaron los tenedores de las tarjetas", ha asegurado al tiempo que defendía que tampoco cabe considerar que hubo "engaño".

Para el letrado, todo el proceso ha provocado la confusión de una cuestión meramente civil con una penal.

La defensa de Azcona (CC.OO.) cree que no hay pruebas

También han presentado hoy sus conclusiones Iñigo Ortiz de Urbina, en representación de Darío Fernández Yruegas, y María Jesús Díaz-Veiga, abogada de Juan José Azcona, al que en su opinión "no se le puede achacar ningún delito pues no ha habido nada ilegal, y además no hay pruebas porque el que acusa tiene que demostrarlo".

Mucho menos se puede hablar, como han hecho las acusaciones, de "compra de voluntades" con las tarjetas, ha añadido, algo absurdo cuando Azcona, que desembolsó 99.300 euros con la visa de la caja, "apenas gastó 800 euros mensuales y nunca fue empleado ni tuvo relación mercantil o laboral con la caja".

La letrada ha lamentado algunos de los calificativos empleados por el fiscal respecto a los acusados, en lo relativo a que actuaron con "rapiña" y que ellos eran "los dueños de la caja", y no había manera de controlarlos. Díaz-Veiga ha recordado que "el dueño de una caja es la Asamblea, que aprueba los acuerdos, el mismo modo que los dueños del Banco Santander son los accionistas".