El FROB defiende su actuación en el rescate a la banca tras el informe del Tribunal de Cuentas

• El organismo asegura que siempre intentó maximizar el retorno de las ayudas
• Afirma que ofreció "neutralidad" e igualdad de oportunidades en las ventas
• El Tribunal de Cuentas cifra en 60.718 millones la reestructuración bancaria

Imagen de archivo de la entrada de una sucursal de Bankia en Madrid.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha defendido su actuación en la venta de entidades rescatadas para maximizar el retorno de ayudas públicas, además de perseguir una "completa neutralidad" e igualdad de oportunidades para los potenciales compradores.

En un comunicado, el FROB ha defendido su actuación dentro del marco legal vigente, que, ha recordado, no exige una contabilidad analítica, al tiempo que ha afirmado que su ausencia no ha impedido la "adecuada" rendición de cuentas del organismo. Ahora bien, ha garantizado que adoptará las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de forma "inmediata".

El organismo dependiente del Ministerio de Economía responde así al informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca emitido por el Tribunal de Cuentas el pasado martes, en el que señalaba que en el proceso de fiscalización se han observado "insuficiencias o deficiencias" en la tramitación de los contratos y cifraba en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015, aunque incluía las cantidades aportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), sufragado por aportaciones de los bancos.

El FROB ha considerado que estas cifras están "en línea" con las calculadas por el Banco de España y ha incidido en que "cualquier estimación" no puede darse por cerrada hasta la ejecución de algunas operaciones, entre las que se encuentrar "las más importantes" como la venta definitiva de Bankia y BMN.

Las ventas fueron analizadas por expertos independientes

Por otra parte, el organismo ha reafirmado que ha realizado análisis sobre el coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a la venta. "En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes", ha defendido.

El FROB ha incidido en que la labor de estos asesores ha consistido precisamente en la valoración y cuantificación de las distintas alternativas. "Se han identificado de esta manera aquellas que resultaban más beneficiosas para los intereses del FROB y por tanto del contribuyente", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que la normativa de resolución centra sus requerimientos en que la venta de las entidades se sustancie a través de un procedimiento "competitivo, transparente y no discriminatorio", que es lo que el FROB considera que ha hecho, por eso destaca que el Tribunal de Cuentas no ha hecho ningún reproche al respecto.

Actuación con cautela y prudencia

En cuanto a las afirmaciones del Tribunal de Cuentas respecto a que el FROB haya incurrido en mayores gastos en los procesos de reestructuración al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (CEISS y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó, el organismo ha recordado que uno de los principios esenciales de su actuación es el de asegurar la continuidad de las actividades y servicios esenciales para la economía y "evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero".

"Ello le lleva indefectiblemente a actuar con cautela y prudencia, debiendo prever alternativas para el caso de que no prosperen las soluciones privadas adoptadas por las entidades de crédito y haya que recurrir sin demora al apoyo financiero público, en escenarios que exigen la máxima rapidez y diligencia", ha esgrimido.

Sobre la línea de crédito sindicada de hasta 3.000 millones como fuente de financiación alternativa, que costó al FROB durante sus dos años de vigencia 33 millones, el organismo explica que, "en un contexto económico de elevadísima incertidumbre", trataba de garantizar la capacidad pública de intervenir en apoyo de aquellas entidades que pudieran incumplir los requisitos regulatorios.

Finalmente, el fondo de reestructuración español se ha comprometido a asumir las posibles reclamaciones de clientes afectados por cláusulas suelo de una cartera de 41.000 hipotecas de Catalunya Banc vendida al fondo estadounidense Blackstone.