La Fiscalía surcoreana emite una orden de arresto contra el heredero de Samsung
- Samsung habría sobornado con 17 millones de euros al Gobierno
- Según la Fiscalía, la compañia pretendía agilizar una fusión corporativa
- Empresas controladas por la llamada "Rasputina" hicieron de intermediarias
La Fiscalía de Corea del Sur ha emitido este lunes una orden de arresto contra el heredero y presidente de facto del grupo Samsung, Lee Jae-yong, sospechoso de soborno en la trama del caso de la "Rasputina".
El equipo de fiscales ha tomado esta decisión después de que Lee declarase durante 22 horas entre el jueves y el viernes en relación al caso de corrupción y tráfico de influencias que ha llevado a la destitución de la presidenta del país asiático, Park Geun-hye.
Las autoridades creen que Samsung realizó donaciones multimillonarias a varias fundaciones y empresas controladas supuestamente por Choi Soon-il, apodada la "Rasputina" y amiga íntima de la presidenta Park a cambio de favores.
Millones a cambio de una fusión empresarial
El conglomerado abonó presuntamente 17,5 millones de euros por servicios de consultoría a una empresa con sede en Alemania y presidida por la "Rasputina", y realizó otras transacciones multimillonarias a esta compañía que habrían servido para financiar la formación ecuestre de la hija de Choi, amazona profesional.
Además, Samsung donó 16,2 millones de euros a otras dos fundaciones sin ánimo de lucro vinculadas a Choi entre 2015 y 2016.
La fiscalía sospecha que el líder mundial de la telefonía móvil pagó estas cantidades a Choi para lograr que el Servicio Nacional de Pensiones, controlado por el Gobierno y accionista de una empresa del grupo, aprobara en 2015 la fusión de la empresa matriz e Industrias Cheil, otra subsidiaria de Samsung.
Este vínculo "ha quedado probado" por varios documentos obtenidos por los investigadores, según explicó el portavoz de la fiscalía, Lee Kyu-chul, en una rueda de prensa celebrada hoy en Seúl.
La justicia se impone sobre el el perjuicio financiero
Durante su interrogatorio, el ejecutivo admitió que el conglomerado realizó las transacciones a favor de las dos fundaciones de Choi y de su empresa, aunque negó que las donaciones estuvieran relacionadas con la aprobación de la citada fusión.
El empresario de 48 años ocupa el cargo de vicepresidente de Samsung Electronics aunque tomó las riendas del conglomerado el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto.
Tras interrogar a Lee la semana pasada, el equipo decidió retrasar la decisión sobre su arresto hasta hoy debido a la complejidad del asunto y a su posible efecto negativo sobre la economía del país, al tratarse de la mayor multinacional surcoreana.
"El equipo de investigación ha concluido que hacer justicia era más importante que el posible impacto que (la detención) podría tener en la economía nacional", ha explicado el portavoz de la fiscalía.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl, que instruye el caso sobre los vínculos entre las grandes empresas surcoreanas y la trama de corrupción de "la Rasputina", decidirá este miércoles si acepta la orden de detención de Lee.
Conglomerados empresariales surcoreanos: imperios hereditarios
Además de su impacto bursátil, el caso supone otra mancha para la imagen de la empresa surcoreana con mayor visibilidad internacional, después de que el pasado otoño la compañía viviera una fuerte crisis por la fallida comercialización de su modelo Galaxy Note 7 tras los repetidos casos de combustión del aparato.
El escándalo también vuelve a poner en el punto de mira el funcionamiento de los "chaebol" (los conglomerados empresariales surcoreanos), cuyos puestos de mayor responsabilidad siguen siendo hereditarios y que ya han protagonizado varios casos de corrupción o evasión fiscal durante los últimos años.
La orden de detención de Lee está ahora en manos del Tribunal del Distrito Central de Seúl, que instruye el caso sobre la relación entre las grandes empresas surcoreanas y la trama de "la Rasputina", y decidirá el próximo miércoles al respecto.
Esta instrucción, en la que también se investiga a otras empresas como Hyundai o LG, es paralela al juicio abierto contra Choi por los supuestos delitos de abuso de poder, chantaje o intento de fraude, y al proceso que lleva a cabo el Tribunal del Constitucional sobre la destitución de la presidenta.
Choi, de 60 años y encarcelada desde noviembre,ha declarado este lunes precisamente ante la máxima instancia judicial surcoreana dentro de este último proceso, y volvió a negar todas las acusaciones. El Constitucional, por su parte, tiene hasta principios de junio para ratificar o desechar el "impeachment" de Park aprobado por el Parlamento.