El Gobierno y el PSOE cierran un acuerdo sobre el procedimiento extrajudicial de las cláusulas suelo

• La banca deberá comunicar a todos los afectados la existencia del mismo
• Será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores
• El Ejecutivo ultima un real decreto ley para articular este sistema
• El PSOE se abstendrá para facilitar su tramitación en el Congreso
• OCU: "Será la banca quién decida realmente quién y cuánto cobran"

Imagen de archivo de una vivienda en construcción en España

El Gobierno y el PSOE han alcanzado un acuerdo para desbloquear la creación de un sistema extrajudicial -obligatorio para todas las entidades financieras y voluntario para los consumidores- que ofrezca a los afectados por una hipoteca con una cláusula suelo "inválida" una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más al no haberse beneficiado íntegramente de las rebajas del euríbor.

Los bancos deberán comunicar a los clientes afectados que existe este procedimiento extrajudicial y ambas partes tendrán un plazo máximo de tres meses para lograr un acuerdo, según han asegurado el portavoz de Economía del grupo parlamentario del PSOE, Pedro Saura, y la diputada socialista Margarita Robles, quienes han confirmado que su formación se abstendrá en la convalidación del real decreto que apruebe próximamente el Consejo de Ministros, que sí apoyará Ciudadanos.

"Es un real decreto que garantiza un procedimiento extrajudicial rápido, gratuito para los consumidores y que no implica quita. Es transparente y consolidan los derechos de los consumidores", ha señalado Saura, quien ha dicho que su partido no votará a favor porque considera que ha sido elaborado por el Gobierno. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha valorado de forma positiva el hecho de que el PSOE "no bloquee" el mecanismo.

El dinero se cobraría, en principio, en efectivo

El sistema extrajudicial será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores. Es decir, que si se ponen de acuerdo las partes no haría falta ir a los tribunales. De esta forma se quiere evitar una avalancha de demandas en los tribunales que "colapsaría los órganos judiciales", según han afirmado en rueda de prensa los diputados del PSOE Pedro Saura y Margarita Robles. Si no hubiera un acuerdo entre las partes, el consumidor siempre tendrá derecho a ir por la vía judicial.

Además, según el PSOE, en la oferta de acuerdo que tiene que hacer el banco "tienen que aparecer de manera clara los intereses de demora correspondientes" de las cantidades que se han retrasado en el tiempo. Fiscalmente, las cantidades devueltas no estarán sujetas al gravamen por IRPF, ya sea por este procedimiento o por la vía judicial.

Eso sí, los consumidores que reciban lo cobrado de más por sus entidades bancarias tendrán que "regularizar sus deducciones", ha afirmado Saura. Sin embargo, los excesos que pueden aflorar como consecuencia de la devolución en la deducción por adquisición de vivienda habitual o en relación con gastos que hayan tenido la consideración de deducibles no devengarán intereses de demora, recargos ni sanción de ningún tipo. Además, habrá limitación de las hipotéticas devoluciones a los ejercicios no prescritos.

El acuerdo recoge que la reclamación podrá hacerse "en cualquier sucursal", según el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quién también ha destacado que el dinero se cobrará en efectivo.

Habrá una comisión para velar por el proceso

Si la entidad financiera ofreciera otro acuerdo al consumidor, como por ejemplo la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, tendrá carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento parte, con las debidas garantías de transparencia e información.

El banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver. El consumidor tendría un plazo de 15 días para valorar dicha oferta de la entidad financiera, que tiene carácter subsidiario, según ha informado el PSOE.

Para controlar que las entidades financieras informan del procedimiento extrajudicial a los consumidores se constituirá una comisión de coordinación y de evaluación y seguimiento, en la que estarán representados los consumidores y que velará por el cumplimiento de las obligaciones de los bancos, sobre todo respecto a los consumidores "particularmente más vulnerables".

De Guindos destaca que es un acuerdo "bastante amplio"

El acuerdo permitirá previsiblemente que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa, que se tramitará como proyecto de ley con el apoyo de Ciudadanos y gracias a la abstención del PSOE. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el acuerdo que finalmente ha cerrado el Gobierno con PSOE y Ciudadanos en relación con las cláusulas suelo es "bastante amplio".

En el marco del Foro de Davos, el ministro ha afirmado que lo importante es definir las cantidades indebidamente cobradas y, a partir de ahí, clientes y banco tendrán que ponerse de acuerdo. "El Gobierno solo puede establecer el cauce y que sea mucho más sencillo y mucho más rápido y el Gobierno no se puede meter entremedias", ha asegurado a la prensa.

De Guindos ha reiterado que este instrumento no anula el recurso a la justicia ordinaria, si bien este procedimiento asegura la gratuidad del proceso y permite reducir los plazos para una solución. "Siempre se tendrá la posibilidad de ir al juzgado", ha insistido el ministro, quien ha defendido la solución extrajudicial como alternativa "gratuita" para evitar el colapso de los juzgados mediante un acuerdo entre las partes.

OCU: "Será la banca quién decida realmente quién y cuánto cobran"

Según el último borrador del real decreto -al que ha tenido acceso por la Cadena Ser-, si el banco considera que la devolución del dinero de las cláusulas suelo no es procedente, no tendrá más que comunicar las razones en que se motiva su decisión y se dará por finalizado el procedimiento extrajudicial, lo que obligaría al consumidor a ir a los tribunales. Este punto, de confirmarse, es relevante porque dejaría en manos de las entidades financieras decidir quién tiene derecho a la vía extrajudicial y quién no. Y aquí cabe recordar que algunas entidades consideran que sus cláusulas suelo -o al menos no todas- son legales y no son abusivas.

En un comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado que el acuerdo es "perjudicial" para los consumidores. Si bien ha señalado que ve positivo que el banco deba informar sobre la posibilidad de recuperar el dinero por esta vía extrajudicial y que sean los consumidores quienes decidan, también ha criticado "la falta de transparencia y control sobre las ofertas que se vayan a realizar, siendo el banco juez y parte". Desde su punto de vista, "será la banca quién decida realmente quién y cuánto cobran extrajudicialmente de los importes debidos por las cláusulas suelo".

En el mismo sentido se ha pronunciado Adicae, para quien el acuerdo "podría facilitar que algunas entidades puedan mantenerse en su negativa a anular y a indemnizar a los consumidores defraudados". Adicae señala que "la presión de la banca por condicionar las medidas a aprobar pueda acabar consiguiendo que el sistema extrajudicial replique en sus consecuencias" el arbitraje de las preferentes, es decir, que haya afectados que no recuperen las cantidades que la Justicia les ha reconocido o que se propicien quitas o la 'colocación' de productos.