UGT y CC.OO defienden en el Congreso una renta de 426 euros para más de dos millones de personas sin recursos

• El coste de la medida ascendería a unos 12.000 millones de euros
• Los sindicatos recogieron 700.000 firmas para esta Iniciativa Legislativa Popular
• Han pedido a los grupos que voten a favor de la toma en consideración

Los secretarios generales de UGT, José Álvarez Suárez (d), y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (i), en el Congreso

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO) han defendido este jueves en el Congreso de los Diputados una renta de 426 euros para más de dos millones de personas sin empleo cuyos ingresos anuales no superen los 5.837 euros anuales y que no reciban otras prestaciones.

Los secretarios generales de ambos sindicatos han comparecido en la Comisión de Empleo y Seguridad Social para pedir a los grupos políticos que voten a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular que han presentado en la Cámara Baja con más de 700.000 firmas de ciudadanos para que esta propuesta pueda ser debatida en Pleno como proposición de ley.

El líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que los potenciales beneficiarios directos de esta prestación alcanzarían los 2,4 millones, de los que el 62% serían mujeres, según los datos que ha elaborado para el sindicato el INE a partir de los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2015, la última disponible.

Los sindicatos estiman que el coste de esta prestación sería de entre 11.000 y 12.000 millones de euros que irían a cargo de la Seguridad Social y que supondrían un 1% del PIB.

Requisitos del ingreso planteado por CC.OO. y UGT

Este ingreso mínimo estaría destinado a personas de entre 18 y 65 años demandantes de empleo durante al menos un año, que no tengan derecho a otras prestaciones y que carezcan de recursos económicos.

Se considerará que una persona o una familia sufre carencia de recursos económicos cuando los ingresos anuales por persona no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional sin pagas extras, es decir, los 5.837 euros.

Los demandantes de esta prestación tendrán que residir legalmente en España y de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la solicitud con excepción de las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o asilados.

La cuantía sería de 426 euros más lo que se determine en función de las cargas familiares del beneficiario y se percibiría por el que tiempo que dura la situación de carencia económica, ha destacado Fernández Toxo, para diferenciarlo de las prestaciones que los sucesivos gobiernos han ido aprobando por real decreto en los últimos años.

Una medida "justa" y "equilibrada" con un "coste elevado"

Toxo ha reconocido que "el coste de la prestación es elevado" pero "asumible" por el Estado, que se vería además beneficiado por el "retorno" de estos ingresos que las familias destinarían en su totalidad al consumo.

El líder de Comisiones ha defendido que es una "medida justa, equilibrada y de posible abordaje por la economía española" y ha recordado a los portavoces políticos que "la desigualdad son el disolvente más potente que puede tener la democracia".

Por su parte, el secretario general de UGT, José Álvarez Suárez, ha recordado que "este país se va a permitir rescatar las autopistas" que no afectan a 2 millones de personas "gastándose la mitad" de lo que supondría esta prestación mínima.

"Hoy sobran las razones para mantener esta Iniciativa Legislativa Popular", ha señalado Álvarez, quien ha recordado que hay 13,2 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en España, 3,5 millones de ellas en pobreza severa.

El secretario general de UGT ha señalado que la toma en consideración de esta iniciativa es una "gran oportunidad" para que el Parlamento pueda "discutir a fondo" las políticas sociales que se van a desarrollar en los próximos años. En este sentido, Toxo ha añadido que servirá para llenar "los vacios" de un sistema de protección social que "ha saltado por las costuras por la crisis".

La oposición respalda la iniciativa de los sindicatos

El diputado del PSOE Rafael Simancas ha adelantado que su grupo apoyará la toma en consideración de la iniciativa de los sindicatos y ha mostrado su "satisfacción" por que la Iniciativa Legislativa Popular haya conseguido las firmas suficientes para llegar al Congreso. Simancas se ha mostrado favorable a la prestación que plantean CC.OO. y UGT frente a otras rentas mínimas que no están vinculadas a la búsqueda de empleo o los complementos salariales.

Desde Unidos Podemos, la diputada Isabel Franco Carmona también ha apoyado la iniciativa, ha reprochado al PP "que solo gobierne para los ricos como Amancio Ortega o el dueño de Mercadona" y ha añadido que su objetivo final es llengar una "renta básica universal e incondicional".

El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha subrayado que coinciden en muchas de las medidas que plantea la propuesta de los sindicatos pero ha expresado dudas sobre la "carga presupuestaria" que supondría esta renta y ha planteado que esté condicionada a las políticas activas de empleo.

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario del PP, Ignacio Echániz, ha señalado que esta prestación podría comprometer los presupuestos y otras ayudas al Estado de Bienestar y ha recordado otros planes del Gobierno para ayudar a colectivos vulnerables como parados de larga duración o jóvenes desempleados, informa Efe.